El viernes 21 de agosto, Rubén Rocha Moya anunció que estaba de regreso. Después de 112 días de licencia, retomaba la gubernatura de Sinaloa con “la frente limpia y en alto” y la determinación de concluir el mandato para el cual fue electo.
No fue un mensaje administrativo. Fue una reivindicación personal y política. Rocha aseguró que había renunciado al fuero, comparecido ante la Fiscalía General de la República y respondido durante más de tres meses a las acusaciones formuladas desde Estados Unidos. Presentó la falta de elementos para proceder en su contra como una confirmación de inocencia.
Pero la investigación no estaba formalmente cerrada y su regreso tampoco había sido acordado con Palacio Nacional. Rocha conservaba el derecho constitucional de volver; lo que ya no tenía era el respaldo político para hacerlo.
La respuesta comenzó con silencios y deslindes. Morena aclaró que la reincorporación había sido una decisión personal. Desde el Gobierno federal se hizo saber que Claudia Sheinbaum no había sido consultada y que ni siquiera hablaba con Rocha desde su primera licencia.
El gobernador había recuperado el despacho, pero regresó solo.
Después llegó el mensaje presidencial. Sin nombrarlo, Sheinbaum advirtió que ningún interés personal podía estar por encima del pueblo, de la nación o del movimiento. La frase definió la conducta esperada y trazó el límite que Rocha había cruzado al intentar volver sin autorización política.
Horas después, el mismo hombre que había anunciado que gobernaría hasta terminar su mandato presentó una nueva solicitud de licencia. Esta vez sería temporal, indefinida y por más de 30 días. Su explicación quedó reducida a una frase: “Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”.
El domingo, el Congreso de Sinaloa aprobó la solicitud por unanimidad. No hubo resistencia, defensa pública ni operación visible para sostenerlo. El regreso que había comenzado como una demostración de fortaleza terminó convertido en la confirmación de su aislamiento.
Rocha Moya pudo volver porque la ley se lo permitía. Tuvo que retirarse porque el poder ya no lo acompañaba. En esas 34 horas quedó expuesta la diferencia entre conservar formalmente un cargo y mantener las condiciones políticas para ejercerlo.
No lo derribó la oposición ni lo removió el Congreso: lo dejó solo su propio movimiento.
