DURANGO, DGO.- Las noticias pertenecen a sectores distintos, pero comparten una misma secuencia: primero aparece la irregularidad, el riesgo o el daño; después llegan la vigilancia, los operativos y las sanciones.
La grabación obligatoria de las interacciones entre agentes viales y conductores busca cerrar espacios a las “mordidas”, mientras 50 nuevos policías serán concentrados en el Centro Histórico. Ambas medidas aumentan el control visible, aunque su resultado dependerá de que reduzcan la corrupción y los delitos, no sólo de que los registren o desplacen hacia otras zonas.
La reacción también alcanza el ámbito sanitario. Durango acumula 119 casos de gusano barrenador y tres de los casos activos corresponden a perros, una señal de que la plaga dejó de ser exclusivamente ganadera y se acercó a los hogares.
En materia ambiental, el proyecto de Fermachem, que representa una inversión de mil 600 millones de dólares, enfrenta un amparo que exige revisar sus posibles riesgos. Al mismo tiempo, una nueva clausura de la Profepa confirma que la intervención oficial vuelve a producirse después de que un proyecto ya afectó terrenos forestales.
El problema no es la ausencia de autoridad, sino el momento en que aparece. Durango multiplica cámaras, policías, alertas y clausuras, pero conserva una estructura de respuesta tardía: el Estado refuerza el control cuando el daño ya es visible.
