DURANGO, DGO.- Las noticias del día no describen cinco problemas aislados. Revelan una misma desigualdad: quienes tienen menos protección pagan con su seguridad, su vida, su alimentación y su acceso al agua; quienes vulneran la ley todavía encuentran respuestas tardías, sanciones insuficientes o beneficios legales.
En Mapimí, dos adolescentes fueron detenidos junto a civiles armados. Al mismo tiempo, Durango alcanzó 119 suicidios. Los casos son distintos, pero comparten una ausencia: las instituciones no llegan antes que el crimen ni antes que la desesperación. Los jóvenes quedan expuestos a redes capaces de encontrarlos primero.
La presión también alcanza a las familias. El huevo aumentó hasta 53 por ciento y algunos restaurantes trasladaron el incremento a sus menús. Mientras los hogares reducen su margen para alimentarse, una mina previamente sancionada mantenía cinco pozos ilegales, pese a que Pueblo Nuevo necesita una presa y Gómez Palacio enfrenta un drenaje colapsado.
La desigualdad se completa en la justicia. Un exfuncionario de Tlahualilo recibió una sentencia de cuatro años y ocho meses, pero reapareció en libertad mediante un beneficio legal. La Fiscalía conserva la condena para la estadística; el sentenciado evita su consecuencia más visible.
El problema no es únicamente que la autoridad llegue tarde. Es que interviene de manera desigual: los costos se reparten entre la población, mientras las responsabilidades pueden reducirse, aplazarse o negociarse. En Durango, vivir cuesta cada vez más; abusar del sistema todavía sale barato.
