– Volvió al Senado
– Rocha Moya: tres meses
– May-Andy; Marina-Bonilla
Adán Augusto López Hernández ha vuelto al Senado, luego de semanas de ausencia, y con ello ha reavivado las especulaciones sobre su futuro político e incluso personal: ¿deja en septiembre el escaño para coordinar campañas electorales morenistas en una circunscripción?, ¿corre riesgo de acusaciones penales, no sólo por temáticas barredoras, provenientes de Estados Unidos?
Tal cual ha sido su costumbre, no dio declaraciones a los reporteros, que en esta ocasión insistieron en saber algo sobre el presunto retiro estadunidense de su visa, el documento indicativo de admisión en el vecino país (que no siempre, ya expedido y vigente, ha garantizado que el solicitante de ingreso lo pueda hacer); documento que ha sido utilizado durante el segundo trumpismo como presunta unidad de medición y exhibición públicas del grado de involucramiento que políticos mexicanos podrían tener, a juicio de las autoridades gringas, en asuntos de crimen organizado.
López Hernández ha podido sortear tormentas diversas a lo largo de lo que llaman el “segundo piso” de la Cuarta Transformación (4T2), pero a pesar del evidente decaimiento de la fuerza política que ejerció durante el “primer piso”, el obradorista, y un primer tramo del claudismo, no se han cumplido los vaticinios de sus adversarios, sobre todo los internos. En todo caso, su mayor riesgo provendría del norte, en el supuesto de que hubiese acciones judiciales marca Donald, punto éste que hasta ahora ha quedado en puras quinielas sin fecha de caducidad.
No es el único legislador morenista con registro de notables ausencias. El sinaloense Enrique Inzunza cumplió ayer tres meses sin participar en actividades del Senado (55 días de inasistencia presencial a las tareas de esta Cámara, aunque en junio tuvo un asomo virtual), periodo durante el cual le ha sido depositado mensualmente su pago como “representante popular”.
Tres meses que ayer se cumplieron de haberse dado a conocer las acusaciones de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y nueve políticos, jefes policiacos y administrativos de Sinaloa, en demanda formal de detención provisional con fines de extradición, a la que México se opuso en función de considerar que la solicitud carecía de pruebas que permitieran actuar contra los 10 de Sinaloa.
La relación México-Estados Unidos se enturbió a partir de la insólita acusación contra un gobernador, su secretario de Administración y Finanzas, el presidente municipal de Culiacán, un senador y otros personajes de menor relieve en el organigrama pero de fuertes capacidades operativas subordinadas. Ese 29 de abril se formalizó la mayor acusación de colusión entre poderes criminales y políticos en México, como derivación del plan de largo plazo ejecutado dos años atrás, el 25 de julio de 2024, cuando Estados Unidos capturó al jefe criminal Ismael Zambada, El Mayo, y lanzó a Sinaloa a una cruda guerra civil que persiste, y al país entero a fases de desestabilización y amenazas como parte de la estrategia de Washington contra el proceso 4T.
Las fiebres futuristas por cargos estatales y federales a elegir en 2027 impactan de otra manera al morenismo y sus presuntos aliados. En Tabasco, Javier May, ganador de la ruda contienda con Adán Augusto, ha asegurado que no dejará la gubernatura, como tanto se rumora, según eso para que Andrés Manuel López Beltrán pudiera entrar como interino, sin necesidad de esperar fuero hasta el año próximo como diputado federal. En Baja California se libra una lucha superlibre entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila y su antecesor, Jaime Bonilla, a quien la primera acusa de haberle tendido una “emboscada sicológica”.
Y, mientras crece la polémica por los lineamientos para defensa de los derechos de las audiencias, centrados en televisión y radio concesionadas, ¡hasta mañana!
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