DURANGO, DGO.- El sector empresarial de Durango rompió este jueves uno de los silencios más prolongados de los últimos años. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) denunció públicamente que empresarios de la entidad han sido víctimas de extorsiones, cobro de piso y despojo de ranchos, propiedades e ingresos mediante amenazas. Su presidente, **Francisco Esparza Martell**, sostuvo que la reciente presencia del Ejército Mexicano y de las fuerzas federales abrió una ventana de oportunidad para hacer visible un problema que, aseguró, permaneció oculto durante años por temor a represalias.
La denuncia escaló durante la tarde cuando el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) respaldó el posicionamiento y lanzó una advertencia que refleja el nivel de presión sobre el sector productivo: algunos comerciantes, afirmó, optan por cerrar definitivamente sus negocios antes que seguir pagando extorsiones. Con ello, la discusión dejó de centrarse únicamente en la seguridad pública para trasladarse al terreno económico, donde la permanencia de empresas, empleos e inversiones comienza a verse comprometida por el impacto de la violencia.
Lejos de limitarse a una denuncia, Coparmex presentó una agenda de exigencias a los tres órdenes de gobierno. El organismo pidió instalar mesas para la restitución de bienes presuntamente despojados bajo amenazas; implementar mecanismos efectivos para proteger el trabajo lícito y evitar el cierre de micro, pequeñas y medianas empresas; crear canales de denuncia completamente seguros y confidenciales que den certeza a las víctimas; y convocó a Canaco, Canacintra, colegios de profesionistas y organizaciones de la sociedad civil a construir un frente común en defensa de la economía y del Estado de derecho.
El pronunciamiento representa un punto de inflexión en la agenda pública de Durango. Durante meses, la conversación sobre seguridad estuvo dominada por cateos, aseguramientos y operativos federales. Ahora, el propio sector empresarial coloca sobre la mesa otra dimensión del problema: el costo que la delincuencia puede tener para el patrimonio, la inversión y la continuidad de quienes generan empleo. La respuesta de las autoridades, así como la eventual presentación de denuncias formales y las acciones que deriven de este llamado, marcarán el siguiente capítulo de una discusión que este jueves dejó de desarrollarse en privado para instalarse, de manera abierta, en el debate público.
