1. Empresarios rompen el silencio: denuncian despojos y exigen una respuesta de Estado
El sector empresarial de Durango dio este jueves uno de los posicionamientos más fuertes de los últimos años en materia de seguridad. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) denunció públicamente que empresarios han sido víctimas de extorsión, cobro de piso y despojo de ranchos, propiedades e ingresos bajo amenazas, al tiempo que llamó a “romper el silencio”. Su presidente, Francisco Esparza Martell, afirmó que la reciente presencia del Ejército y las fuerzas federales abrió una ventana de oportunidad para denunciar un problema que, aseguró, permaneció oculto por temor a represalias.
El pronunciamiento escaló durante la tarde cuando el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) respaldó la denuncia y advirtió que algunos comerciantes prefieren cerrar definitivamente sus negocios antes que continuar financiando a grupos criminales. La coincidencia entre ambos organismos colocó el tema en el centro de la agenda pública y convirtió la seguridad en una preocupación económica, además de social.
LO QUE EXIGEN
Más allá de la denuncia, Coparmex presentó una ruta de acción con cuatro demandas concretas:
• Mesas para la restitución de bienes, que permitan recuperar propiedades y patrimonio presuntamente arrebatados bajo amenazas.
• Protección efectiva al trabajo lícito, mediante acciones que eviten el cierre de micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la delincuencia.
• Canales de denuncia completamente seguros y confidenciales, que garanticen anonimato y eviten cualquier riesgo de filtración o colusión.
• Un frente común del sector productivo, convocando a Canaco, Canacintra, colegios de profesionistas y organizaciones empresariales para defender la actividad económica y el Estado de derecho.
LA CLAVE
La relevancia de este pronunciamiento no radica únicamente en la gravedad de las acusaciones, sino en que, por primera vez en mucho tiempo, el sector empresarial decidió colocar el tema de la extorsión y el despojo en el centro del debate público. Si el llamado genera respuestas institucionales y nuevas denuncias, Durango podría entrar en una nueva etapa donde la seguridad deje de medirse sólo por los operativos y empiece a evaluarse también por la capacidad del Estado para proteger el patrimonio, la inversión y el trabajo de quienes generan empleo.
