Durango, Dgo.- Un grupo de jubilados en Durango exige al gobierno estatal el pago de 2.5 millones de pesos correspondientes a seguros de vida pendientes. El adeudo, acumulado durante años, representa un incumplimiento directo de obligaciones laborales hacia trabajadores retirados del sector público.
Los manifestantes han advertido que mantendrán la presión mediante protestas y presencia mediática hasta obtener una respuesta concreta. Señalan que el retraso no solo es administrativo, sino una omisión que afecta directamente la seguridad económica de sus familias.
El caso trasciende lo financiero: exhibe debilidad institucional en la gestión de compromisos básicos. Cuando el Estado no cumple con sus propios trabajadores, el mensaje hacia el resto de la sociedad es de fragilidad en la responsabilidad pública.
