El Congreso del Estado permanece en desacato frente al mandato judicial que ordena modificar la legislación local relacionada con la interrupción del embarazo, denunció la activista Julieta Hernández Camargo.
La omisión legislativa mantiene disposiciones que ya fueron cuestionadas por su incompatibilidad con criterios constitucionales. Aunque el Poder Legislativo está obligado a armonizar el marco estatal, las bancadas han pospuesto una discusión marcada por cálculos políticos, diferencias partidistas y resistencias ideológicas.
El desacato coloca al Congreso ante un problema que rebasa el debate sobre el aborto: el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Las y los diputados no están frente a una recomendación optativa, sino ante una obligación jurídica que continúa sin atenderse.
La demora también prolonga la incertidumbre para mujeres, personal médico e instituciones de salud. Cada periodo legislativo que transcurre sin resolver el mandato aumenta el costo político del Congreso y exhibe la distancia entre el reconocimiento judicial de derechos y su aplicación efectiva en Durango.
