Entre ellos probablemente se encuentren no solo quienes saben que están siendo investigados, sino aquellos que piensen en una acción preventiva en caso de que las indagaciones pudieran alcanzarlos.
Dos figuras de Morena cercanas a Andrés Manuel López Obrador desde hace más de 40 años son informantes del gobierno de Estados Unidos: Adán Augusto López Hernández y Rutilio Escandón. El senador y el cónsul en Miami, que fueron cuñados y hoy están peleados, son una muestra de lo que está sucediendo en la ‘4T’, donde existen dos visiones sobre lo que está viviendo por las acusaciones de Estados Unidos contra miembros de Morena ligados al crimen organizado. Una visión es la de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ve las presiones bajo el prisma ideológico del intervencionismo, y la otra es de la izquierda falsa, que actúa con pragmatismo cuidando intereses particulares.
López Hernández y Escandón son parte de un número indefinido de gobernadores, legisladores y políticos que quieren ser informantes de Estados Unidos, un fenómeno inédito en México reflejado el sábado pasado en The New York Times, que reveló que varios de ellos, principalmente de Morena, habían dado ese paso. Una fuente estadounidense precisó que no son “al menos una decena”, como apuntó el diario, sino “muchos más”. Entre ellos probablemente se encuentren no solo quienes saben que están siendo investigados, sino aquellos que piensen en una acción preventiva en caso de que las indagaciones pudieran alcanzarlos.
El senador López Hernández y el cónsul Escandón son figuras clave en varios segmentos de la construcción de lo que la comunidad de inteligencia estadounidense llama “una economía criminal paralela”, surgida en el gobierno de López Obrador. López Hernández era gobernador de Tabasco cuando nació el grupo criminal La Barredora, cuyo jefe era Hernán Bermúdez Requena, a quien nombró secretario de Seguridad Pública. La Barredora se convirtió en el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación, en su expansión al sur del país.
El Cártel Jalisco Nueva Generación inició una guerra contra el Cártel de Sinaloa en la frontera con Guatemala bajo la mirada de Escandón como gobernador de Chiapas, por el control de las rutas de tráfico de personas y de drogas, que se hizo visible hasta 2023, cuando la violencia desbordó los municipios de la franja fronteriza. Para cuando esto sucedió, López Hernández había sido nombrado secretario de Gobernación, y se preparaba para buscar la candidatura presidencial, apoyado por su hermana Rosalinda, esposa de Escandón hasta su muerte en 2024. Rosalinda fue administradora general de Auditoría Fiscal Federal del SAT, de donde brincó hacia una senaduría, que nunca asumió porque falleció tres días antes.
Rosalinda era una persona de interés del gobierno de Estados Unidos, por el papel de operadora del senador López Hernández, que es uno de los principales objetivos de la justicia estadounidense. Los dos, junto con Escandón, tienen una muy larga relación con López Obrador. Cuando el expresidente regresó a Villahermosa, luego de un tiempo en que su madre lo ocultó en un rancho en Veracruz mientras se enfriaba la muerte de su hermano mayor en un accidente con un rifle, vivió en la casa de los López Hernández, donde consolidó su amistad con Rosalinda y por lo que llama “hermano” a Adán Augusto. Escandón era parte del grupo político cercano a López Obrador donde su futura esposa era una de las líderes.
La relación entre el senador y el cónsul se comenzó a romper tras la muerte de Rosalinda, y se agrió en los dos últimos años. En su columna en La Silla Rota, Roberto Rock reveló que el cónsul fue “invitado” a conversar con fiscales del Departamento de Justicia en Miami, sugiriendo que el interés principal era información sobre el senador. López Hernández y Escandón chocaron por problemas de dinero –que se detallarán en futuras columnas–. Escandón fue descrito como “testigo colaborativo” del gobierno estadounidense por el columnista Rock, pero López Hernández, hasta donde se ha informado, se mantiene solo como informante.
López Hernández fue uno de los tres lugartenientes de López Obrador en el desarrollo de la “economía criminal paralela” que describen los estadounidenses, junto con el general Audomaro Martínez, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, y el actual subsecretario de Agricultura, Leonel Cota, que fue gobernador de Baja California Sur, una de las entidades de mayor interés para Estados Unidos, que estuvo durante largo tiempo bajo el control de Los Chapitos, y que hoy es una plaza en disputa.
El senador ha sido investigado en Washington por su participación en el contrabando de combustible –vinculado con los hijos de López Obrador–, en el de ganado de Venezuela importado como si fuera nicaragüense –que tiene nexos con el Cártel de Sinaloa–, y en negocios financieros –presuntamente asociados algunos con el Cártel Jalisco Nueva Generación–. Escandón también es una pieza clave, porque una parte importante de esas presuntas actividades criminales, pasaron por Chiapas cuando era gobernador.
Escandón, a quien envió López Obrador como cónsul a Miami a semanas de dejar el poder, es un cabo suelto en México, donde poca atención le dio en el gobierno de Sheinbaum. Nunca llamó la atención en Palacio Nacional que su hijo se relacionara con los republicanos en Florida, y que él mismo no fuera visto como una provocación al representar a México en una ciudad en donde se formula mucho de la política hacia América Latina de la Administración Trump.
El caso de López Hernández es diferente. Es una de las herencias de López Obrador, y uno de los políticos más blindados por él, que le ha permitido desafiar políticamente a la presidenta. El senador ha dado señales de nerviosismo en las últimas semanas, y ha tratado de hablar con Sheinbaum, quien, hasta donde se sabe, no lo ha recibido. Durante ese mismo periodo, por indiscreciones de sus cercanos, comenzó a enviar información a los estadounidenses, presumiblemente sobre lo que hizo en Tabasco y como secretario de Gobernación bajo las órdenes de López Obrador. El senador es una de las puertas directas que conducen a López Obrador y a sus hijos, que permitirían seguir engrosando las investigaciones en su contra.
López Hernández y Escandón son piezas sueltas en un tablero revuelto, donde la visión ideológica de la presidenta frente a las imputaciones en Washington sobre la narcopolítica no persuade, inhibe o frena la otra visión de sálvese el que pueda, que afecta su posición y acelera aquello que ella ha tratado de impedir: que las acusaciones sean los torpedos que hundan al movimiento de la ‘4T’.
