Durante décadas, la Sierra Madre Occidental no fue solamente una frontera natural. Fue un territorio donde la geografía jugó a favor del crimen organizado. Barrancas, caminos de difícil acceso y comunidades dispersas hicieron del Triángulo Dorado un espacio estratégico para construir rutas, proteger liderazgos y desarrollar una estructura criminal que durante años encontró en la sierra las condiciones para consolidarse y mantenerse. Lo que hoy está en disputa no es su existencia, sino el control de ese territorio.
Por eso, lo ocurrido durante las últimas semanas en Durango merece una lectura distinta. El cerco contra la estructura de Leonel García, alias “El 40”; el aseguramiento de la plataforma logística en el fraccionamiento Los Duraznos y el operativo de Mexiquillo no parecen responder a hechos independientes. Todo indica una secuencia: primero aislar a los operadores, después golpear la logística y finalmente penetrar uno de los corredores más sensibles de la Sierra Madre Occidental.
Sería un error interpretar estos golpes como el final de una historia. En realidad, pueden representar el inicio de otra. La experiencia demuestra que ninguna organización criminal desaparece de un día para otro y que ningún territorio cambia únicamente por el éxito de un operativo. La verdadera prueba comienza cuando el Estado decide permanecer, sostener la presión e impedir que el vacío sea ocupado por una nueva estructura.
La sierra ha sido, durante décadas, mucho más que un escenario de enfrentamientos. Ha sido un espacio donde el Estado y el crimen han disputado, con distinta intensidad, la capacidad de imponer reglas. Los acontecimientos de junio indican que esa disputa ha entrado en una nueva etapa. Lo que ocurra en los próximos meses permitirá saber si estamos frente al inicio de una estrategia sostenida o solamente ante una ofensiva de alto impacto.
Porque Durango merece una sierra donde la geografía deje de ser refugio del crimen y vuelva a ser patrimonio de quienes la habitan. Merece que la presencia del Estado no sea una excepción, sino una constante; que la seguridad no dependa únicamente de operativos espectaculares, sino de instituciones sólidas, permanentes y cercanas a la población. Sólo entonces podremos decir que la disputa por la sierra comenzó a resolverse en favor de los duranguenses.
