DURANGO, DGO.- La presencia de fuerzas federales en Durango dejó de ser únicamente un asunto de seguridad. Lo que comenzó como una operación para localizar objetivos vinculados a grupos criminales en la región serrana ha evolucionado hacia una disputa política que involucra a autoridades estatales, legisladores, partidos y, ahora, incluso actores del gobierno de Estados Unidos.
Durante las últimas semanas, la atención pública estuvo concentrada en los despliegues militares, los sobrevuelos y la movilización de unidades especializadas en distintos puntos del estado. Sin embargo, el debate comenzó a cambiar de dirección conforme surgieron cuestionamientos sobre la coordinación entre autoridades locales y federales tras la fuga de Leonel García, alias “El 40”, y la posterior intensificación de los operativos en la zona.
La discusión escaló aún más luego de que la directora de la Oficina Nacional de Política para el Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter, reiterara que la estrategia de combate al crimen organizado también contempla investigar a funcionarios que protejan estructuras criminales. Aunque las declaraciones no estuvieron dirigidas específicamente a Durango, el contexto en que se producen alimentó las interpretaciones sobre el alcance político que puede adquirir la ofensiva binacional contra grupos delictivos.
En paralelo, la confrontación interna comenzó a ganar espacio. Morena respondió a las declaraciones del gobernador Esteban Villegas y anunció acciones legislativas para exigir información sobre la relación operativa entre autoridades estatales y federales. La exigencia de comparecencias y explicaciones refleja que el tema ya no se limita a la seguridad pública, sino que alcanza el terreno de la rendición de cuentas y la confianza institucional.
Mientras tanto, las consecuencias continúan apareciendo fuera de la esfera política. Comerciantes denuncian que los robos siguen afectando a negocios del Centro Histórico y otras zonas de la ciudad, al tiempo que los despidos continúan avanzando en pequeños establecimientos golpeados por la falta de liquidez. En el campo, la presión tampoco disminuye. Las presas permanecen apenas por encima de una tercera parte de su capacidad y las restricciones derivadas del gusano barrenador siguen limitando la actividad ganadera.
Por ello, la historia de este martes no se explica únicamente por los movimientos de tropas o las declaraciones de los actores políticos. Lo que está ocurriendo en Durango muestra cómo una estrategia de seguridad puede generar efectos que trascienden el ámbito operativo y terminan impactando la discusión pública, la actividad económica y la relación entre instituciones. El operativo sigue activo en la sierra. La disputa por las explicaciones ya se instaló en la arena política.
