El llamado “predialazo” en Durango dejó de ser un simple conflicto administrativo para convertirse en un problema político de fondo. Y no menor. El fallo del Juzgado Primero de Distrito no solo concede un amparo; exhibe que el Ayuntamiento construyó un esquema de cobro sin sustento constitucional suficiente.
Dicho sin rodeos: no es que se cobre, es cómo se decidió cobrar. Y cuando un juez cuestiona la base misma del impuesto, lo que queda en entredicho no es un error técnico, sino una decisión política que apostó por recaudar a cualquier costo.
El efecto inmediato del amparo es individual. El impacto político, en cambio, es general: el gobierno municipal queda expuesto por haber impulsado un modelo que no resistió el mínimo control constitucional. Y eso cambia el tablero.
Porque este fallo no cierra el conflicto, lo multiplica. Abre la puerta a una cascada de amparos, presión sobre las finanzas públicas y un desgaste político que ya comenzó. Apostar a que el tema se enfríe no es estrategia: es cálculo fallido.
Aquí no hay sorpresa. En Durango se repite un patrón: decisiones fiscales agresivas, inconformidad social y, finalmente, correcciones obligadas por los tribunales. Gobernar así no es anticipar problemas, es provocarlos.
El fondo ya no es solo legal, es político. Cuando una administración como la del panista Toño Ochoa opta por esquemas opacos o desproporcionados para aumentar ingresos, compromete su legitimidad y traslada el costo al ciudadano. Y cuando el conflicto llega a los juzgados, el margen de maniobra se reduce al mínimo.
Hoy el Ayuntamiento enfrenta una disyuntiva clara: corregir de fondo o cargar con las consecuencias. Porque cada fallo en contra no solo impacta la recaudación, también erosiona la credibilidad de quienes tomaron la decisión.
Durango no merece decisiones improvisadas ni cobros que rozan el abuso. Merece un gobierno que respete la ley desde el diseño de sus políticas, que recaude con transparencia y que entienda que la confianza ciudadana no se impone: se construye. Porque cuando se cruza la línea, no solo se corrige un impuesto; se pone en juego la legitimidad de gobernar.
