La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) acusó de lavado de dinero a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, por presunta relación con el tráfico de fentanilo y prohibió cualquier tipo de operaciones con ellos.
El secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, aseveró que las tres instituciones financieras con sede en México han facilitado el “envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”.
Denunció que estas instituciones han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de dinero de cárteles y han facilitado pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo.
Estableció que estas órdenes son las primeras acciones de FinCEN, de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que proporcionan al Tesoro autoridad para atacar el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.
“Las instituciones financieras contempladas tienen prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, ni desde o hacia ninguna cuenta o dirección de moneda virtual convertible administrada por o en nombre de CIBanco, Intercam o Vector. Estas prohibiciones entran en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal”, puntualizó.
Durante el anuncio hecho en EU, Anna Morris, subsecretaria interina del Departamento del Tesoro, se encontraba en México, dando seguimiento a este tema, según algunas fuentes del sector financiero, e incluso el embajador de EU en México, Ronald Johngon, en su red social, reconoció su liderazgo para desmantelar a los cárteles narcoterroristas, ya que su trabajo contra el lavado de dinero es fundamental para ambas naciones, escribió.
Acusaciones
Para los dos bancos, el FinCEN detalló que la preocupación radica en el patrón detectado de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles, con sede en México, como el Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre otros.
En contra de CIBanco, argumentó que había facilitado la adquisición de precursores químicos de China, con fines ilícitos; mientras que a Intercam Banco, demandó el procesamiento de transferencias de fondos en dólares estadounidenses en nombre de organizaciones narcotraficantes con fines ilícitos para el mismo fin.
A Vector Casa de Bolsa se le inculpó de posibilitar las actividades de lavado de dinero de los cárteles con sede en México, incluidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Presuntamente también ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.
El FinCEN recordó que en enero de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una Orden Ejecutiva que creó un proceso mediante el cual ciertos cárteles y otras organizaciones mexicanas serían designados como organizaciones terroristas extranjeras.
Impacto
Maribel Vázquez, socia fundadora de GMC360, aseveró que las instituciones están quedando aisladas y, aunque las consecuencias son directas, se va a dar un efecto dominó en la confianza del sistema financiero global hacia México. “Se percibe una falta de blindaje estructural”, dijo.
Indicó que los clientes que hagan transferencias financieras en México desde el propio país seguirán funcionando de forma “normal”. Donde sí verían un impacto es al mandar dinero hacia Estados Unidos por medio de un banco, porque “no lo van a recibir de ese lado”.
Michel Levien, abogado especializado en anticorrupción, antilavado y transparencia, anotó que a corto plazo, quienes tengan cuentas en estas tres instituciones no están afectados de ninguna manera, excepto si están instaladas en Estados Unidos o hacen operaciones a través de algún banco o institución financiera del vecino del norte.
“A mediano plazo, los clientes de estas instituciones deben estar muy atentos a los procedimientos legales (juicios) que se hagan en México y además en EU, porque esos juicios pueden imponer sanciones muy serias que incluyen multas, decomiso (quitarles las ganancias obtenidas), suspensión de actividades y hasta disolución (cierre)”, manifestó.
Miguel González, coordinador del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas de la UNAM, mencionó que será clave conocer las pruebas que presente EU a las autoridades mexicanas para establecer dichas prohibiciones, pero de ser contundentes, habría un daño a los supervisores.
