Durango, Dgo.- En el marco del Día del Comunicólogo, el diputado local Alejandro Mojica, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de Durango, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de respaldo legal a quienes ejercen estas funciones fundamentales para la democracia.
La propuesta plantea la incorporación de la Unidad de Asuntos Jurídicos al mecanismo estatal de protección, con atribuciones concretas para brindar asesoría, acompañamiento y representación legal en casos de amenazas, agresiones o vulneraciones al ejercicio informativo o de defensa social.
“Reconocemos la labor ética y comprometida de periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos en Durango, quienes diariamente construyen verdad y democracia. Su trabajo debe estar respaldado por la ley y por el Estado”, subrayó Mojica desde tribuna.
El legislador panista condenó toda forma de violencia contra la prensa y exigió que los recientes hechos ocurridos en Durango sean investigados con legalidad, imparcialidad y sin sesgos políticos. “La libertad de expresión no debe estar en riesgo por intereses oscuros o por omisión institucional”, advirtió.
Durango es el único estado del país que cuenta con un mecanismo de protección autónomo, bajo la tutela de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo cual —según Mojica— representa una ventaja que debe ser aprovechada con visión integral.
Entre las funciones que se pretende otorgar a la Unidad Jurídica están la posibilidad de proponer acciones preventivas, firmar convenios con instituciones públicas o privadas, y dar seguimiento legal a los casos que lo requieran. Además, la reforma incluye medidas complementarias como la reubicación temporal de personas en riesgo, campañas de prevención, monitoreo permanente, y atención psicológica para periodistas y defensores afectados.
“La protección no puede limitarse a medidas físicas o reactivas. Debe ser un respaldo integral, legal y humano, que considere también el impacto emocional de quienes informan o defienden derechos”, concluyó el legislador.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.
