Los jueces vuelven a erigirse como el dique de contención a las políticas de Donald Trump. Una serie de fallos judiciales recientes ha frenado momentáneamente algunas de las medidas de la Administración para combatir a la migración. Los vuelos de deportaciones, la eliminación del permiso de estancia legal para los venezolanos y el intento de dejar a decenas de miles de menores indocumentados sin defensa legal son algunos de los ensayos del Gobierno que se han topado con un muro en los tribunales federales. Algunos de los golpes fueron propinados por jueces que llegaron al banquillo gracias a Joe Biden, un presidente que hizo 228 nombramientos judiciales para anticiparse a la tormenta que estaba por llegar.
El Gobierno de Trump acumuló a lo largo de la pasada semana diversos reveses judiciales. Araceli Martínez-Olguín, una jueza radicada en California, otorgó una importante restricción temporal que congela, por lo menos hasta el próximo 16 de abril, el propósito de Washington de cortar el financiamiento a centenares de organizaciones sin fines de lucro que coordinan la defensa de los menores migrantes. La decisión de Martínez-Olguín llegó más rápido de lo que se esperaba, reconociendo la urgencia de que unos 26.000 niños indocumentados se quedaran sin abogados.
“Este tribunal cree que continuar el financiamiento a la representación legal de los menores no acompañados promueve la eficiencia y la justicia dentro del sistema de inmigración”, razona Martínez-Olguín, quien fue nominada al cargo en el Distrito Norte de California por el presidente Joe Biden. La entonces vicepresidenta Kamala Harris rompió en febrero de 2023 con su voto un empate en el Senado que desatascó el nombramiento de la magistrada latina.
Martínez-Olguín, una jueza nacida en México con estudios en las universidades de Princeton y Berkeley, forma parte del nuevo rostro que Biden imprimió a la judicatura. El presidente demócrata aceleró en los últimos meses de su gestión la confirmación de jueces federales. Fueron 228 en los cuatro años de su mandato, dos más de los que dejó Trump en su primera presidencia. Sin embargo, Biden hizo más diverso el banquillo con nombramientos de 144 mujeres, el 63% de sus nombramientos, y minorías raciales (solo cuatro de cada diez jueces que nominó eran blancos). La mayoría de cambios, 187, los hizo en los juzgados de distrito como el de Martínez-Olguín. También designó 45 jueces de apelaciones, nueve menos que su antecesor.
Estos jueces comienzan a desempeñar un papel relevante en la segunda estancia de Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente ha provocado críticas por dar forma a su legado a través de órdenes ejecutivas, decretos que tratan de circunvalar el Congreso. Esto ha sido criticado por los analistas como un exceso de las facultades que irrumpe en las atribuciones de otros poderes.
Stephen Miller, el gran cerebro detrás de las duras políticas migratorias del trumpismo, considera esta forma de gobernar como un ejercicio de “liberación” que restaura la soberanía popular. “Es una forma de defenderse de los burócratas y jueces rebeldes que han minado y robado los derechos de nuestro pueblo y los han puesto en manos de centros de poder que no fueron electos”, dijo a Fox News el sábado uno de los encargados de política pública de la Casa Blanca.
El juez de distrito Brian Murphy, confirmado en diciembre de 2024, descarriló una de las medidas ideadas por Miller para expulsar rápidamente y prácticamente sin el debido proceso a inmigrantes que llegaron a Estados Unidos recientemente. Desde un tribunal en la ciudad de Boston, Murphy prohibió temporalmente al Gobierno de Trump deportar a indocumentados a terceros países de los que no sean ciudadanos. El fallo sigue al esfuerzo de Marco Rubio, el secretario de Estado, por convencer a Guatemala, El Salvador y Nicaragua de recibir a los migrantes expulsados por Washington.
Murphy afirma en su decisión que los migrantes deben tener una “oportunidad significativa” de argumentar ante un tribunal por qué volver a sus países de origen podría ser peligroso. El Departamento de Seguridad Nacional de Donald Trump, encabezado por la secretaria Kristi Noem, apeló inmediatamente la decisión de Murphy, lo que alargará varias semanas el proceso judicial.
El arranque de la segunda presidencia de Trump ha sacado de la oscuridad a algunos jueces, quienes se han opuesto mediante sus fallos a las medidas dictadas por la Administración. El caso más famoso es quizá el de James Boasberg, el magistrado que paralizó las deportaciones en caliente causadas por la invocación de la Ley de Enemigo Extranjeros de 1789. Boasberg llegó al tribunal del distrito de Washington D.C. en 2011, durante el Gobierno de Barack Obama.
Los jueces que llegaron al banquillo en aquella presidencia también están figurando en estos momentos. La jueza de distrito Paula Xinis, nominada por Obama en 2015, ha protagonizado estos días un tira y afloja con el Gobierno federal por el caso de Kilmar Armando Abrego García, un salvadoreño de 29 años y sin antecedentes criminales que fue enviado por error a su país, donde se encuentra recluido en la prisión de Nayib Bukele. Xinis ha exigido a las autoridades que traigan de vuelta a Abrego, pero la Casa Blanca se resiste a hacerlo.
Edward Chen, un togado que tiene su asiento en la misma corte de distrito que Martínez-Olguín en San Francisco, suspendió el lunes la decisión del Gobierno de Trump de poner fin a la protección legal temporal (TPS) con la que cientos de miles de venezolanos están legalmente en Estados Unidos. Este permiso, que fue extendido por Biden al final de su mandato, iba a expirar este lunes 7 de abril.
“El Gobierno no ha podido identificar ningún daño compensatorio real en la continuación del TPS para los beneficiarios venezolanos”, escribió Chen en su resolución. El fondo del asunto aún tendrá que resolverse en un juicio que tomará más tiempo. Por lo pronto, el blindaje ante las deportaciones para miles de sudamericanos continúa vigente.
