El puerto de Punta Venado y 2.000 hectáreas de tierras calizas en Quintana Roo han detonado un cruce de dardos entre México y Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, advirtió este martes que los esfuerzos del Gobierno de México para apropiarse de los terrenos de la minera estadounidense Vulcan Materials en Playa del Carmen “no son buena forma de atraer inversiones”. Durante la comparecencia del funcionario ante el Senado de EE UU, el legislador Tim Kaine solicitó el apoyo de Blinken para comunicarle a México que “la expropiación del terreno de empresas privadas sería muy dañino” para la relación bilateral. López Obrador ha rechazado que sea una expropiación federal, por el contrario, dijo que es una clausura porque la firma incumplió con la legislación ambiental y defendió su postura de recuperar los predios concesionados a la firma antes de que concluya su mandato.
“Ayer que fue Blinken al Congreso, los congresistas que apoyan a Vulcan le dijeron que cómo iban a permitir que expropiáramos la propiedad de una empresa estadounidense, yo creo que Blinken no sabía bien, porque lo único que dijo es que esas acciones afectaban la inversión. Nosotros no queremos traer inversión a cualquier precio, mejor que no vengan o que se vayan a otra parte”, zanjó el presidente este miércoles en su habitual conferencia en Palacio Nacional.
El pulso entre ambos países ha escalado luego de que el senador demócrata Tim Kaine cuestionara a Blinken durante su comparecencia en el Senado sobre la defensa del Gobierno estadounidense a esta empresa connacional. “López Obrador ha intentado apropiarse de ese terreno en dos ocasiones, incluso con invasiones policiales y militares”, planteó Kaine en la audiencia. Blinken respondió escuetamente que el caso está en manos de un arbitraje internacional y reconoció que las acciones del Gobierno mexicano no son un buen mensaje para atraer inversiones.
Los comentarios de Blinken sobre el caso de Vulcan —que ha operado en México bajo los nombres de Calica y Sac-Tun— ocurren un par de semana después de que un grupo de senadores enviara una carta a la secretaria de Exteriores, Alicia Bárcena, advirtiendo que si el Gobierno sigue frenando la operación de Vulcan Materials considerarán “todos los recursos disponibles” para defender a la minera.
Desde su trinchera en Palacio Nacional, López Obrador ha dado su versión sobre la pugna que desde 2018 sostiene con Vulcan Materials por un yacimiento de tierras calizas en la península de Quintana Roo. El presidente asegura que la firma extraía recursos del territorio, violando las leyes ecológicas nacionales y todo ese material se lo llevaban al otro lado del Río Bravo para sus obras viales: “Lo que sostengo es que sería una aberración permitir que sigan destruyendo con un banco de materiales para construir carreteras en Estados Unidos”, dijo este miércoles.
Lejos de los micrófonos, en tribunales y con un bajo perfil, Vulcan Materials sigue de cerca el arbitraje internacional que presentó en 2018 contra al Gobierno de México, en el que exige una indemnización de 1.500 millones de dólares. La empresa reclama dicha indemnización millonaria bajo el amparo del TLCAN porque, asegura, que México incumplió las obligaciones sobre un trato “justo y equitativo” para la inversión privada.
Entre medias, esta Administración puso sobre la mesa la recuperación de los terrenos mediante un pago de 8.000 millones de pesos. La propuesta el Ejecutivo, no obstante, fue acompañada con la advertencia de que si declinaban la oferta se tomarían otras acciones legales para hacerse de los predios. Vulcan ha rechazado en más de una ocasión la oferta del Gobierno mexicano. El plan de López Obrador, si logra hacerse de las hectáreas en disputa, será la construcción en ese sitio de un centro de recreación y el resto del predio será declarado reserva natural protegida.
