De los 121 programas sociales del gobierno federal, 47.1 por ciento no cuenta con un padrón de beneficiarios y el resto tiene padrones con problemas de exclusión, discrecionalidad y coberturas limitadas, además de irregularidades que afectan su operación y, por lo tanto, se genera el riesgo de corrupción o el mal uso los recursos públicos.
Analistas de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza consideran que en muchos de los casos de los programas sin padrón puede haber alguna justificación, ya que, de acuerdo con el inventario, se considera “desde la difusión de información de Profeco, la matrícula de servicios educativos de media superior y superior, fondos para infraestructura y muchas cosas más, que no requieren o no pueden tener un padrón de beneficiarios”.
En tanto, la otra mitad de los programas y acciones federales de desarrollo social cuenta con un padrón; sin embargo, pese a estar sujetos a reglas de operación, existen programas que no reportaron su padrón.
La coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Natalia Campos, realizó un análisis, con base en hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación, de los programas Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad y para el Bienestar de Niñas, Niños e Hijos de Madres Trabajadoras.
Explica en entrevista que los padrones de beneficiarios de ambos programas están incompletos y tienen errores de registro, además de que hay irregularidades en los pagos que no coinciden con lo reportado en la cuenta pública.
En el primer caso, destaca que el padrón no cuenta con el certificado de discapacidad en el registro, lo cual no es lo óptimo porque representa la condición para verificar la elegibilidad en el programa; mientras el otro no cuenta con la información de 15 mil beneficiarios.
De acuerdo con Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, los padrones de los programas sociales enfrentan “tres problemas graves”:
La exclusión, porque 61% de los hogares de menor ingreso no recibe transferencias de programas gubernamentales; la discrecionalidad, porque la integración de los padrones se realiza en operativos opacos, por un grupo de operadores políticos con vinculación a un partido (Morena), y finalmente las coberturas son limitadas de muchos de los programas, según muestra el propio inventario del Coneval.
