La Comisión de Prerrogativas y Partidos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las coaliciones de los partidos políticos para las elecciones a la Presidencia y el Congreso de la Unión, durante la sesión extraordinaria de ayer.
“La solicitud del convenio de coalición reúne los requisitos exigidos para obtener el registro de conformidad con lo establecido en los artículos 87, 88, 89 y 91 de la Ley General de Partidos Políticos”, se indica en el documento aprobado por unanimidad de los consejeros que integran esta comisión.
Morena, PT y el Partido Verde Ecologista registraron la coalición Sigamos Haciendo Historia, de forma total para la Presidencia y parcial para el Congreso, mediante la solicitud que ingresaron el 19 de noviembre pasado, para 48 senadurías y 255 fórmulas para las diputaciones.
En tanto, PAN, PRI y PRD registraron la coalición Fuerza y Corazón por México, para la Presidencia, así como 60 fórmulas para senadurías y 253 fórmulas de diputaciones.
La comisión revisó que la coalición se haya conformado de acuerdo con los estatutos de cada partido.
También se verificó que los partidos hayan determinado qué grupo parlamentario conformarían, la plataforma electoral, la acreditación de una representación jurídica, por cuál proceso se definirán las candidaturas y el compromiso de todos los partidos de cumplir con las obligaciones de fiscalización y topes de gastos de campaña.
Los partidos tenían que ingresar este convenio a más tardar el 20 de noviembre; es decir, al arranque de las precampañas.
Voto de personas en prisión preventiva
Además, la Comisión del Registro Federal de Electores aprobó los lineamientos que deberán seguirse para la realización del voto para personas en prisión preventiva, el cual está previsto para el 6 de mayo y hasta el 20 de ese mes.
Las personas sin sentencia podrán votar por la Presidencia, por gubernatura y Jefatura de Gobierno, en el caso de Chiapas y la Ciudad de México, y en Hidalgo por cargos locales.
Las autoridades electorales requerirán a las secretarías de Seguridad federal y locales que entreguen, a más tardar, el 31 de diciembre de 2023, las bases de datos de personas sin sentencia condenatoria.
Además, deberán presentar una ficha de registro y/o antropométrica de los reclusos en centros penitenciarios de su entidad federativa, con la cual se llevará a cabo la comprobación de las huellas digitales y la fotografía correspondiente.
Las personas recluidas interesadas en participar en las elecciones del próximo año deberán cumplir con los siguientes requisitos: estar inscritas en la Lista Nominal de Electores y no tener suspendidos sus derechos político-electorales por sentencia condenatoria y manifestar su intención de votar de forma anticipada.
Los proyectos de acuerdo aún serán sometidos a votación del Consejo General del INE.
