“Dos años de gira en España, público ovacionando de pie a [las actrices] Marta Nieto, Marina Salas, Alicia Aguirre y a su director José Martret. Esta es la primera vez que la obra es cancelada por el PP. Es un monólogo de teatro documental independiente. #LaInfamia”. Con este mensaje publicado la noche del lunes en Twitter, la periodista y escritora mexicana Lydia Cacho confirmaba a sus seguidores que el espectáculo La infamia, basado en su libro autobiográfico Memorias de una infamia, no iba a representarse, como estaba previsto, el 15 de diciembre en el teatro Rojas de Toledo, y apuntaba razones ideológicas al señalar como responsable de esa decisión directamente al PP, que gobierna en el Ayuntamiento de la ciudad tras arrebatar la alcaldía al PSOE en las elecciones municipales del pasado mayo. Es un acto que la autora ha calificado de “censura” en una entrevista el lunes en la cadena SER. “El nuevo Gobierno de PP y Vox que entró en Toledo, y que eliminó el área de Igualdad, preguntó qué obras estaban cerradas y la cancelaron”, señaló Cacho en la radio.
La denuncia de la periodista, que vive exiliada en España desde 2019 tras sufrir un intento de asesinato por parte de unos sicarios, emerge en un contexto de alarma en el mundo de la cultura por la sucesión de cancelaciones de este tipo que se están produciendo tras la llegada de nuevos equipos a los gobiernos municipales y autonómicos liderados por el PP y Vox, como es el caso de Toledo, amparadas en una práctica habitual en el ámbito de las artes escénicas: las actividades se programan con mucha antelación, pero los contratos no se formalizan hasta pocas semanas antes de su celebración, lo que da vía libre para alegar razones presupuestarias como motivo de la suspensión frente a acusaciones de censura ideológica.
Es lo que ocurrió tras conocerse en junio la cancelación del espectáculo Orlando en Valdemorillo (Comunidad de Madrid), la de El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca poco después en Briviesca (Burgos) o la de Romeo y Julieta despiertan hace un par de semanas en Granada. Y lo que vuelve a suceder ahora en Toledo: mientras la presidenta del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Milagros Tolón, habló de “censura” tras conocer ayer la suspensión de La infamia y advirtió de “la deriva ultraderechista y radical que está tomando el Gobierno del PP y Vox en la ciudad de Toledo”, el PP replica que la decisión se ha tomado por razones presupuestarias: “Ante la escasez de recursos, hay que priorizar”, ha explicado esta mañana a la prensa local la concejala Marisol Illescas. Una portavoz del PP ha asegurado a este periódico que ese dinero se ha destinado a poner en marcha un plan de igualdad y a la instalación de puntos violeta para las próximas fiestas de la ciudad.
Pero la explicación, como en los casos antes citados, no ha convencido ni al PSOE ni a los directamente perjudicados. Tras sufrir en carne y hueso la censura en su país, Cacho no ha dudado en calificar de “censura” la cancelación de La infamia, en la que reconstruye el secuestro del que fue víctima después de que publicara en 2005 una investigación sobre una red de pederastia, subrayando de paso la persistencia de la violencia contra las mujeres en su país. Basada en sus Memorias de la infamia y adaptada al teatro por la propia Cacho, la obra se estrenó en Madrid en diciembre de 2021, con dirección de José Martret y desde entonces ha estado de gira por toda España, cosechando aplausos tanto por lo que cuenta como por la interpretación de las actrices Marta Nieto y Marina Salas, que se alternan en el papel de la protagonista.
Según ha explicado a este diario Eva Paniagua, directora de Come y Calla, empresa productora del espectáculo, la representación quedó apalabrada a finales de abril con la Concejalía de Igualdad de la anterior corporación, del PSOE, suprimida ahora e integrada ahora en el área de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, que decidió programar la función el 15 de diciembre en el teatro Rojas como parte de las actividades previstas en torno a la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género el 25 de noviembre y reservó una partida de 7.500 euros, confirman a este periódico fuentes del PSOE. “Por las dinámicas institucionales, los contratos se suelen firmar unos 20 días antes, pero das por hecho que el trato está cerrado y bloqueas la fecha fijada en la agenda de los artistas. Pero visto lo que está pasando, el sector está preocupado. No solo por las cancelaciones que estamos conociendo, sino por lo que vendrá: ahora nos enteramos porque precisamente hay cancelaciones, pero dentro de unos meses, directamente no nos llamarán y ya está. Vamos a tener que ser muy valientes los productores para meternos en proyectos que puedan tener el riesgo de ser rechazados en el futuro. Y esto es muy perjudicial para el sector y para el arte”, lamenta la productora.
Como consecuencia de esa preocupación, justo hace un mes nació la plataforma ciudadana OLA (Organización por la Libertad Artística), integrada por creadores, activistas y defensores de la libertad de expresión. Alberto González Pulido, miembro y asesor jurídico del colectivo, explica que precisamente uno de los objetivos de OLA es acabar con lo que denomina “las malas prácticas de las instituciones en cuanto a la firma de los contratos artísticos”, que dejan a los creadores en “una situación de fragilidad extrema que facilita la censura”. “En las negociaciones del Estatuto del Artista, llevamos reivindicando mucho tiempo que se obligue al sector público a firmar cartas de compromiso. Esa precariedad laboral determina la injerencia política, no solo a posteriori como estamos viendo ahora con estos últimos casos, sino de antemano: si estás a merced de los políticos y son ellos los que deciden lo que se programa o no, tú mismo puedes llegar a autocensurarte para adaptarte a sus gustos”, advierte González Pulido.
