El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) ha fallado este jueves a favor de Colombia en el diferendo marítimo librado con Nicaragua en el mar Caribe. El Gobierno de Managua pretendía extender su plataforma continental mar adentro más allá de las 200 millas que le corresponden en una zona rica en pesca y materias primas. El Ejecutivo colombiano aducía, por el contrario, que dicho avance se solaparía con un archipiélago que pertenece a su territorio y con su zona económica. Los jueces le han dado la razón al segundo alegando que “no puede extenderse la plataforma continental que se superponga sobre otro Estado”. De este modo, se pone fin a un litigio que se remonta a 2013. Las decisiones del TIJ son vinculantes y de obligado cumplimiento.
El fallo rechaza por 13 votos a 4 la demanda principal de Nicaragua. Después, señaló que “dentro de la línea base de las millas náuticas de San Andrés y Providencia” tampoco tiene derecho a ampliar su plataforma continental. La presidenta del TIJ, Joan Donoghue dijo que “solo unos pocos Estados han querido presentar el derecho a la plataforma extendida de otro Estado”. A continuación, añadió que se rechazaba también una petición similar que afectaba a Serranilla y Bajo Nuevo.
Nicaragua ha defendido a lo largo de este proceso que desde sus costas hay una prolongación natural del continente que supera sus 200 millas náuticas. Debido a ello, tenía derechos sobre el subsuelo marino más allá de la distancia marcada por el derecho internacional. Para apoyarse, apeló a la Convención de la ONU sobre el derecho del Mar (1982) y al derecho consuetudinario. La primera, reconoce el derecho de los distintos países a aumentar sus plataformas. El segundo se compone de los usos no escritos, pero cuyo cumplimiento se ha hecho costumbre a lo largo del tiempo. Como el dibujo hecho por Managua de su plataforma se solapa con las 200 millas náuticas colombianas, Bogotá recordó al tribunal que no ha ratificado dicha convención. También adujo que el demandante no había podido demostrar científicamente que dispone de una plataforma continental que supera las 200 millas náuticas. Con el fallo queda definido el mar territorial colombiano, ya que, en 2012, un fallo anterior del TIJ reafirmó su soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Están situadas a unos 110 kilómetros de la costa nicaragüense.
Las leyes internacionales establecen la soberanía estatal sobre las aguas hasta 12 millas náuticas —unos 22 kilómetros— de la costa. Por otro lado, tienen derechos económicos y de recursos naturales sobre el fondo marino y las aguas que llegan hasta 200 millas náuticas. En casos como el tratado por el TIJ, cuando un país quiere superar esa distancia, debe demostrar que su plataforma continental supera, desde el punto de vista geológico, los límites establecidos.
“Gran triunfo de Colombia. Felicitaciones a la Canciller Holguin y a todos los que hicieron posible este gran logro diplomático jurídico en La Haya para nuestro país”, escribió en su cuenta de Twitter el expresidente Juan Manuel Santos, que gobernó Colombia del 2010 al 2018 y era el mandatario que estaba a cargo de la estrategia jurídica cuando Nicaragua pidió esta extensión. Dos fallos anteriores habían sido más favorables a Nicaragua, reconociendo una mayor extensión marítima y su derecho a controlar la pesca y otras actividades en su área de influencia, pero dejando la soberanía de San Andrés y Providencia en manos de Colombia.
“Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago”, escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter celebrando la decisión de la TIJ. También se pronunció en sus redes sociales el expresidente Iván Duque, quien gobernó del 2018 al 2022. “Colombia ha defendido su soberanía a pesar de haberse retirado de la competencia de la CIJ, luego de su injusto fallo de 2012″, escribió Duque en su cuenta de Twitter sobre la decisión del 2012 que reconocía una mayor extensión marítima para el país centroamericano. La decisión de retirarse, en 2012, fue del expresidente Santos. “Hoy ganó Colombia, pero la postura de la inaplicabilidad del fallo de 2012 debe mantenerse. Los límites de la patria sólo pueden modificarse por un tratado ratificado por el Congreso. No se debe ceder un milímetro de territorio”, añadió Duque en su mensaje.
Por otro lado Carlos Argüello, representante de Nicaragua ante el tribunal internacional, informó a los medios del país centroamericano que su gobierno respetará el fallo de La Haya. “Es una sentencia de la Corte, nosotros siempre hemos cumplido con la sentencias de la Corte. Esta es una sentencia más de la Corte, y no dudo que Nicaragua seguirá cumpliendo como siempre”, dijo a Canal 4. Sin embargo celebró que el tribunal haya confirmado los límites marítimos en su decisión del 2012. “El fallo 2012 quedó muy claro, reafirmado”, dijo. En otras palabras, el representante de Nicaragua concede que no ganaron más territorio marítimo, pero no perdieron lo ganado anteriormente.
Una disputa de varias décadas
El litigio marítimo se remonta a 1928, cuando la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés fue reconocida por ambos países por medio de un tratado. Nicaragua, sin embargo, no reconoce la validez de ese acuerdo y presentó en 2001 su primera demanda ante el TIJ. En 2012, los jueces le concedieron un área de unos 75.000 kilómetros en el mar Caribe, aunque confirmó la soberanía colombiana sobre la constelación de islas. Desde el punto de vista geográfico, estas quedaban en medio de aguas territoriales nicaragüenses, y Bogotá siguió patrullando y pescando. Ese mismo año, el Gobierno colombiano se apartó del Pacto de Bogotá, también llamado Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, que impone a sus signatarios la obligación de resolver así sus diferencias. Es, además, el texto legal que otorga al TIJ jurisdicción para abordarlas. En 2013, Nicaragua presentó una nueva demanda señalando que Colombia violaba los espacios marítimos, y esta hizo otro tanto. En su caso, se centró en los problemas padecidos por la población raizal, que vive de la pesca artesanal en esta zona. En abril de 2022, los jueces de la ONU concluyeron que Colombia había vulnerado los derechos soberanos de Nicaragua exigiendo el cese de las actividades pesqueras denunciadas. De todos modos, declararon que las nuevas mediciones de Managua no eran conformes a las leyes internacionales. Ahora, se ha llegado a la delimitación de la plataforma continental, en cuyo suelo marino hay gas y petróleo.
