El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio este viernes un varapalo al Gobierno de Joe Biden y, de paso, a decenas de millones de estudiantes universitarios. Sus nueve jueces anularon en la última sentencia del curso judicial la quita parcial de los préstamos educativos que otorgó el Departamento de Educación. El fallo del alto tribunal perjudica especialmente a los estudiantes con menos recursos, en su mayor parte, hispanos y afroamericanos. Para esos grupos es el segundo revés judicial después de que el jueves la supermayoría conservadora del Supremo de seis jueces contra tres diese un golpe mortal a la discriminación positiva en el acceso a la universidad en virtud del grupo étnico de los aspirantes.
Esa misma mayoría es la que ha respaldado el nuevo fallo, que da la razón a los seis Estados demandantes, de mayoría republicana, y considera que la Administración de Biden no tenía potestad para ordenar esa quita sin la autorización del Congreso.
El Gobierno de Joe Biden decidió, basándose en una provisión de una ley aprobada tras el 11-S con el nombre de HEROES, conceder 10.000 dólares de condonación de deuda de forma generalizada. La cifra podía ascender hasta a 20.000 dólares para los beneficiarios de la Beca Pell, un extendido programa federal con préstamos del Departamento de Educación del que se benefician unos seis millones de estudiantes de familias de rentas bajas. La medida suponía la condonación de unos 400.000 millones de dólares. Para Biden era uno de los argumentos centrales en la búsqueda del voto joven para su campaña de reelección en 2024.
La sentencia, de 77 páginas, viene firmada por el presidente del Supremo, John Roberts, e incorpora un voto particular discrepante de la liberal Elena Kagan que secundan Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor. Roberts escribe: “El Secretario [de Educación, Miguel Cardona] afirma que la ley HEROES le otorga la autoridad para cancelar los préstamos estudiantiles. No es así. Sostenemos hoy que puede ‘renunciar o modificar’ las disposiciones legales o reglamentarias existentes aplicables a los programas de asistencia financiera en virtud de la Ley de Educación, pero no reescribir ese estatuto desde cero”. En otro momento, el presidente va más allá al decir que Cardona se extralimitó a la manera en la que “la Revolución Francesa ‘modificó’ el estatus de la nobleza francesa”, cuando “abolió sus derechos y los suplantó con un régimen enteramente nuevo”.
Kagan argumentó, por su parte, que el Gobierno sí tenía potestad para diseñar el plan y que el fallo afectará a “40 millones de estadounidenses”.
“Esta lucha no ha terminado”, avanzó Biden este viernes en un comunicado distribuido por la Casa Blanca, en el que prometió el anuncio de nuevas medidas por la tarde para contrarrestar la “incorrecta” decisión judicial. “El plan de alivio de la deuda estudiantil de mi Administración habría sido el salvavidas que decenas de millones de estadounidenses trabajadores necesitaban mientras intentaban recuperarse de una pandemia única en un siglo”, añadió. “Habría cambiado la vida de millones de estadounidenses y sus familias. Y hubiera sido bueno para el crecimiento económico, tanto a corto como a largo plazo”.
La decisión llega además cuando está a punto de vencer la moratoria que se impuso al pago de esos préstamos con motivo de la pandemia y que lleva tres años en vigor. Esa moratoria prescribe en septiembre; los pagos se retomarán desde octubre para los beneficiarios de esa pausa.
Los prestatarios eran elegibles para recibir ese perdón parcial si su renta individual era inferior a los 125.000 dólares (250.000 para parejas casadas), lo que dejaba fuera al 5% de la población con rentas más altas. Según la Casa Blanca, la decisión podría beneficiar hasta 43 millones de personas, y eso incluía la cancelación del saldo total restante para unos 20 millones.
Desde 1980, el costo total de las universidades públicas y privadas de cuatro años se ha triplicado, incluso teniendo en cuenta la inflación. Las Becas Pell llegaron a cubrir casi el 80% del costo de un título de una universidad pública de cuatro años para estudiantes de familias trabajadoras, pero ahora solo cubren un tercio. Esto ha dejado a muchos estudiantes de bajos y medianos ingresos sin otra opción que pedir un préstamo si quieren obtener un título universitario en un país donde las matrículas tanto de las universidades públicas como de las privadas son mucho más caras que en el resto de los países desarrollados.
La Casa Blanca alegó que la vertiginosa deuda acumulada de los préstamos estudiantiles federales (1,6 billones de dólares y en aumento para más de 45 millones de prestatarios) es una carga importante para la clase media estadounidense. “Luchan contra los elevados pagos mensuales y los saldos crecientes que les dificultan acumular riqueza, así como comprar casas, ahorrar dinero para la jubilación y comenzar pequeñas empresas”, sostenía.
Para los prestatarios más vulnerables, los efectos de la deuda son aún peores. Según un análisis realizado por el Departamento de Educación sobre una muestra reciente de estudiantes universitarios, casi un tercio de los prestatarios tiene deudas, pero carece de título. Muchos de ellos no pudieron completar su carrera porque el coste de la matrícula era demasiado alto.
Alrededor del 16% de los prestatarios está en mora, lo que puede resultar en que el Gobierno embargue sus salarios o reduzca su puntuación crediticia, un número que es clave para navegar económicamente en la sociedad estadounidense.
La carga de la deuda estudiantil también recae desproporcionadamente sobre las comunidades afroamericanas. Veinte años después de inscribirse por primera vez en la escuela, el estudiante negro medio que comenzó la universidad en el año escolar 1995-96 todavía debe el 95% de su deuda estudiantil original, según un informe de la universidad Brandeis, en Massachusetts.
