Durante casi una semana, uno de los medicamentos más comunes en los abortos médicos, la mifepristona, ha estado en un limbo judicial que suponía la mayor amenaza a los derechos reproductivos de las mujeres estadounidenses desde que el Tribunal Supremo derogara hace un año Roe contra Wade (el antecedente que convirtió en constitucional la interrupción del embarazo). El viernes, en Amarillo (Texas), el juez Matthew Kacsmaryk —un nombramiento de Donald Trump— paralizó de forma provisional el acceso a esta píldora que se emplea, combinada con misoprostol, en más de la mitad de las interrupciones de embarazo que se dan en el país. El mismo día, otro magistrado en el Estado de Washington, Thomas O. Rice, ordenaba al Gobierno mantener el suministro en los 17 Estados que lo habían pedido. El lunes, el Departamento de Justicia recurrió la decisión del juez texano ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que la noche del miércoles emitió su fallo: el acceso a la píldora se mantiene, aunque con restricciones.
A partir de este viernes —aunque la decisión judicial aún puede ser recurrida—, la administración de esta píldora se limitará a las primeras siete semanas de embarazo, reduciendo la horquilla de las diez semanas en las que estaba desde el año 2000. Y para tener acceso a ella, las mujeres deberán tener tres consultas con el médico, en persona, algo que ya no era obligatorio desde que, en 2021, la Administración de Joe Biden convirtió en permanente la posibilidad de recibir la prescripción médica por correo, tras ensayar esa práctica durante la pandemia para evitar visitas innecesarias al médico; aunque en la página web de la FDA (la agencia responsable de la regulación de los medicamentos en EE UU) se puede leer que el organismo “no recomienda comprar mifepristona por internet”.
Estos nuevos vaivenes judiciales sobre el aborto en Estados Unidos tienen su origen en la demanda que el grupo antiabortista de Texas Alianza por una Medicina Hipocrática, de reciente creación, interpuso contra la FDA en noviembre por haber aprobado el uso de esa pastilla, habitualmente distribuida con el nombre comercial de Mifeprex y disponible también como principio activo, desde hace más de 23 años.
La organización acusa a la agencia de eliminar “la mayoría de las salvaguardas que protegen a las mujeres y las niñas de los peligros de la mifepristona”, y eso, según la demanda, “ha hecho que el aborto químico esté más disponible y con menor supervisión médica, lo que hace que más mujeres y niñas experimenten complicaciones, lo que aumenta las situaciones de emergencia”. Desde su aprobación, la agencia calcula que unos 3,7 millones de pacientes han acudido a la mifepristona, y no constan reacciones adversas más graves que las de medicamentos de uso tan extendido como el paracetamol o la penicilina.
Tras la vista de más de cuatro horas la semana pasada por esa demanda, el juez texano decidió paralizar provisionalmente la administración de la píldora; y casi de inmediato, el magistrado O. Rice, en Washington pedía al Gobierno mantenerla. El lunes, en menos de 24 horas hábiles desde el choque de esas dos órdenes judiciales, cientos de ejecutivos de empresas biotecnológicas y farmacéuticas firmaron una carta abierta pidiendo la revocación del fallo de Kacsmaryk, alegando que socava la autoridad de la FDA e ignora décadas de evidencia científica sobre la seguridad de este fármaco.
El presidente estadounidense, Joe Biden, declaró también casi de inmediato en un comunicado que estaba decidido a “combatir” la decisión del juez texano, que calificó de intento “sin precedente de privar a las mujeres de libertades fundamentales”. Una postura a la que se sumó la vicepresidenta Kamala Harris: “Estamos con las mujeres de Estados Unidos”. “Permitir que los tribunales y los políticos digan a la FDA qué tiene que hacer es contrario a una buena política de salud pública”, dijo a su llegada a Tennessee en viaje oficial. La mifepristona, recordó, recibió la aprobación de las autoridades sanitarias hace 20 años y desde entonces “ha demostrado ser segura”. La orden del juez texano, subrayó, representa “un precedente peligroso”.
