SANTIAGO.- Chile desplegó un contingente militar en sectores fronterizos con Perú y Bolivia para frenar la migración ilegal mediante controles de identidad, de equipaje y la detención de extranjeros que estén cometiendo delitos, que deberán entregar a la policía en un plazo máximo de 24 horas.
Entre los principales problemas que enfrentó el presidente Gabriel Boric a su llegada al poder hace casi un año está la migración descontrolada en el extremo norte chileno. Para regularizarla, el mandatario ha presentado varios proyectos de ley; el último de ellos otorgó facultades a las Fuerzas Armadas para controlar los múltiples pasos ilegales por su porosa frontera norte.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, y el de Defensa subrogante, Gabriel Gaspar, viajaron al poblado de Cariquima, cerca de Colchane, unos 2 mil kilómetros al norte de la capital chilena, para estar presentes en el despliegue de los militares. A su llegada, Tohá declaró que el gobierno espera que la presencia militar “tenga un efecto disuasivo. No está prohibido entrar a Chile, pero lo que está prohibido es hacerlo por pasos irregulares”, añadió.
Los militares usados para el control fronterizo ya estaban distribuidos en sectores de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, donde se produce la mayor inmigración ilegal, pero no tenían facultades especiales y sólo colaboraban con la policía. El decreto que permite el uso de las Fuerzas Armadas estará vigente por 90 días y es prorrogable con el respaldo del Congreso.
Los militares podrán hacer controles de identidad a personas que sospechen que entraron por pasos irregulares, registrarán los equipajes y, si ven indicios de algún delito, precisó Tohá, las detendrán y transferirán a la policía en un plazo máximo de 24 horas.
En casos extremos, las Fuerzas Armadas podrán hacer uso de armas de fuego como última opción y luego de cumplir varios pasos previos; entre ellos, advertencias verbales, uso de granadas de humo, gas pimienta, bastones, dispositivos eléctricos, proyectiles de pintura, armamento antidisturbios y hacer disparos de advertencia.
En Chile viven casi 1.5 millones de migrantes, incluidos unos 500 mil venezolanos que mayoritariamente regularizaron su situación.
