El equipo de Acción Contra el Hambre atiende a los migrantes venezolanos. GONZALO HOHR

Desde hace años, las ONG están en el ojo del chavismo. Diosdado Cabello, diputado y líder de Gobierno, ha amenazado una vez más con una legislación destinada a regular el financiamiento, funcionamiento y uso de estas organizaciones. “A través de las ONG conspiran contra el país. No son organizaciones no gubernamentales. No dependen del Estado venezolano, sino del Estado gringo, son instrumentos del imperialismo”, advirtió la noche del miércoles Cabello en su programa Con el mazo dando, transmitido en la televisora estatal, tras anunciar que la semana que viene introduciría en plenaria la propuesta de ley.

Aunque esta legislación ha sido una amenaza constante, durante el Gobierno de Maduro se han dado pasos concretos para restringir la libertad de asociación y el trabajo de las ONG. En 2021 se creó un nuevo registro obligatorio en una oficina antiterrorismo, que fue interpretado por la sociedad civil como un filtro para limitar su funcionamiento. Este nuevo paso que se avecina con la legislación pone a Venezuela a la par de Nicaragua, donde se han suprimido en el último año más de 3.000 personerías jurídicas, incluidas las de universidades críticas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La presencia de las ONG se ha amplificado en Venezuela con el agravamiento de la crisis, con graves problemas de hambre que afectan a unos 6,5 millones de personas, la cifra más alta en Sudamérica, y un sistema de salud destruido. Desde 2019, las agencias humanitarias de Naciones Unidas se han desplegado para atender a la población de la mano de las ONG que están en el terreno.

Más allá de los instrumentos legales que se han convertido en una permanente amenaza, el hostigamiento contra los defensores de derechos humanos se ha incrementado durante el Gobierno de Maduro, al punto de ponerlo en el ojo de la Corte Penal Internacional, que reactivó en diciembre pasado la investigación sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en el país. El trabajo de centenares de ONG en la documentación ha sido clave para hacer estos expedientes y los demoledores informes de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, que continuarás sus investigaciones durante los próximos dos años.

El Centro para los Defensores y la Justicia registró en el primer semestre de 2022 más de 240 ataques contra activistas que velan por las libertades democráticas en Venezuela. Los principales responsables de estos actos intimidatorios, según esta ONG, son los “funcionarios del Estado”, además de las plataformas de comunicaciones asociadas al Gobierno y al Partido Socialista Unido de Venezuela. “Quienes trabajan en la defensa y exigencia de derechos humanos no deben ser calificados como enemigos. Por el contrario, son actores esenciales en la recuperación de la institucionalidad democrática y en el avance de procesos de justicia, verdad y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos”, denunció la organización el año pasado.

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