La reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo “supondría una carga adicional” de más de 8 mil millones de pesos, sino, sobre todo, “la captura” y “subordinación de las autoridades electorales al gobierno en turno”, concluyó un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado.
De acuerdo con el análisis, la propuesta de elegir a consejeros y magistrados electorales cada seis años mediante el voto directo de la ciudadanía es contradictoria con la premisa de la austeridad que impulsa la propia iniciativa, toda vez que implicaría destinar más recursos a una nueva contienda de alcance nacional.
Ello supone –refiere el documento titulado Ventajas, costos y riesgos de la elección popular de las autoridades electorales en México, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro– un proceso electoral federal adicional, al cual habría que destinar recursos económicos, prerrogativas y tiempos en radio y televisión, monitoreo de medios, labores de fiscalización, entre otras muchas actividades.
Se precisa que la realización de las elecciones en nuestro país se lleva a cabo observando ciertas condiciones y cumpliendo obligaciones específicas señaladas por la ley, la cual estipula, entre otras cosas, el número de casillas a instalar, la cantidad de boletas a imprimir, la capacitación de funcionarios, sólo por nombrar algunas.
“Si tomamos como parámetro el costo de los procesos electorales de los últimos años, la elección de consejeros y magistrados tendría un costo superior a 8 mil millones de pesos que supondría una carga adicional para el sistema electoral mexicano”, se refiere.
El estudio pone énfasis en que la iniciativa, enviada al Congreso por el Ejecutivo el 26 de abril de este año, conlleva un “mayor riesgo”, que es “la captura” de las autoridades electorales por parte del gobierno en turno.
“Si hoy en día se llevaran a cabo las elecciones para integrar las autoridades electorales, es muy probable que los consejeros y magistrados más votados serían los propuestos por el presidente de la República, considerando la exposición mediática y popularidad que tiene esta figura, las mayorías con las que cuenta en las cámaras del Congreso y el hecho de que su partido gobierna en 20 de las 32 entidades federativas”, se advierte.
Así, en el estudio se subraya que la elección popular de las consejerías y magistraturas electorales entraña riesgos importantes como el desempeño parcial y sesgado de las autoridades electorales, la preservación de cuotas partidistas y, especialmente, la subordinación de las autoridades.
Por lo tanto, se concluye que, de avanzar esta propuesta, se abriría un camino incierto para otras instituciones del Estado, pues el mismo argumento democrático se podría proponer en el futuro en órganos técnicos como el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, “poniendo en riesgo la estabilidad económica y política del país”.
