El caso lo tiene todo. Una empresa estadounidense vinculada a un exfuncionario de Enrique Peña Nieto recibió, bajo sospecha de corrupción y tráfico de influencias, contratos multimillonarios de la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, la controversia está fuera de los focos públicos, esto es, del ruido que acostumbra a generar el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en cada disputada. Tanto el mandatario como el director de CFE, Manuel Bartlett, permanecen en silencio sobre el caso Whitewater Midstream mientras el Gobierno insiste en su decisión de limitar la participación de empresas privadas en el sector eléctrico. El escaso beneficio político inmediato es el argumento que dan los analistas consultados.
El nombre de Whitewater empezó a generar ruido en el sector energético mexicano antes de que López Obrador ganara la elección presidencial. A principios de 2018, fuentes en México expresaron asombro al conocer el tamaño de uno de los contratos otorgados a la startup sin experiencia. Guillermo Turrent, como director del brazo privado de la paraestatal, CFE International, habría puesto en manos de la desconocida empresa tejana el suministro del 15% de la demanda diaria de importación de gas natural de México.
Junto con un puñado de otras comercializadoras, Whitewater suministró combustible a CFE durante febrero de 2021, cuando temperaturas extremadamente bajas dispararon los precios del gas natural en Texas. CFE, bajo instrucción de Bartlett, se rehusó a pagar el sobrecosto, por lo que las empresas iniciaron procesos de arbitraje. Al poco tiempo, en julio, EL PAÍS publicó una investigación, iniciada en 2018, que expuso lazos entre Turrent y ejecutivos de Whitewater que datan desde 2000. Diez días después, el 16 de julio, Presidencia emitió un comunicado, en conjunto con CFE, en el que informaban que autoridades mexicanas y estadounidenses iniciaron una investigación hacia Whitewater Midstream “por entrega de contratos bajo sospecha de corrupción, abuso de confianza y tráfico de influencias”.
Hasta la fecha, se conocen, por lo menos, siete contratos entre CFE International y Whitewater, valorados en miles de millones de dólares. Otros dos ex funcionarios de CFE, Javier Gutiérrez y José Guadalupe Valdez, ambos con puestos cercanos a Turrent, aparecen en documentos internos como los ejecutores de, por lo menos, uno de los acuerdos con Whitewater, según ha dicho CFE en audiencias ante la Fiscalía Anti Corrupción. Entre sus hallazgos más importantes está una empresa estadounidense propiedad de Gutiérrez, JG Energy, que recibió más de 250.000 dólares mientras el ex funcionario laboraba en la CFE. JG Energy fue registrada con el mismo domicilio de uno de los fundadores de Whitewater.
Mientras tanto, las partes se mueven tras bambalinas. La embajada estadounidense en México se ha acercado con analistas de su confianza para preguntar sobre Whitewater. CFE ha contratado a la prestigiosa firma de abogados Paul, Weiss en Texas para ganar terreno legal allá. Este despacho se ha acercado con un medio de comunicación estadounidense para compartir sus hallazgos, lo que apunta a que, en silencio, CFE ha puesto toda la carne al asador.
Hasta la publicación de este artículo, y desde el año pasado, CFE no ha respondido a varias solicitudes de información de EL PAÍS. Aquel comunicado emitido en julio de 2021 fue la última vez que CFE se expresó sobre Whitewater, caso que ha cobrado relevancia a partir de las consultas iniciadas el mes pasado por EE UU y Canadá en el marco del tratado de libre comercio. México defiende su decisión de regresar el monopolio de la electricidad a CFE, mientras sus socios comerciales alegan que esto viola el TMEC. En cortes en EE UU, abogados de Gutiérrez han aprovechado la coyuntura.
“El gobierno de AMLO ha buscado despiadadamente todos los medios necesarios para reclamar el monopolio del gobierno mexicano sobre el gas natural y otros productos energéticos”, escribieron los abogados de Gutiérrez al juez, de acuerdo a documentos oficiales de la corte en Texas. Gutiérrez “es uno de las docenas de empleados gubernamentales actuales y anteriores del sector energético que han sido atacados injustamente por la cruzada de AMLO”, aseguran.
Relacionar un caso de posible corrupción, como el de Whitewater, con las consultas del TMEC sería equivocado, coinciden analistas. “Estaríamos mezclando peras con manzanas”, dice Alejandro Schtulmann, presidente de la consultora de riesgo en mercados emergentes Empra en la ciudad de México. “Lo que Estados Unidos está diciendo es que un socio comercial está violando los principios del tratado. Aquí no tiene que ver que si hubo un caso de corrupción involucrando a una compañía canadiense o americana”.
El silencio de Bartlett se debe a que el caso Whitewater no trae un beneficio político al Gobierno. Los casos de Emilio Lozoya y Rosario Robles “son emblemáticos” de la Administración de Enrique Peña Nieto, por lo que el beneficio político es desacreditar a la oposición, explica Schtulmann. En cambio, Turrent y Gutiérrez parecen haber actuado por su cuenta y sin estar asociados o protegidos por algún adversario político de López Obrador.
“Lo que nosotros hemos visto es que la corrupción se persigue cuando el presidente puede reclamar un botín político”, dice Schtulmann, “no estamos viendo un avance sistemático contra la corrupción. Lo que vemos es un blanco muy específico de aquellos casos que son políticamente convenientes o que pueden ser manipulados políticamente para darle una victoria a este gobierno”.
Oscar Ocampo, coordinador del área de energía para el centro de investigación y análisis Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dice sobre el caso Whitewater: “Me llama muchísimo la atención, no solo el silencio del Presidente, sino el de Bartlett por que tienden a ser bastante más vocales, más estridentes”.
Sin embargo, argumenta Ocampo, llamar la atención al posible caso de corrupción de una empresa estadounidense pudiera generar más tensión en la relación bilateral. “Probablemente tenga que ver con no hacer más ruido con Estados Unidos en el tema energético, que, de por sí, el horno no está para bollos”, dice el analista, “porque aquí no solamente estamos hablando de los directivos de CFE, también estamos hablando de una empresa americana que está involucrada en esto”. Quizás el actuar tras bambalinas del Gobierno mexicano sea para “no comprarse un pleito más con el Gobierno de Estados Unidos”, apunta Ocampo.
