Las banderas, consignas y bastones de mando que simbolizan el clamor de organizaciones indígenas han llenado más de una vez la Plaza de Bolívar de Bogotá. Ni siquiera la amenaza de contagio del coronavirus impidió que unos 7.000 de ellos salieran de sus resguardos en 2020, dispuestos a recorrer más de 500 kilómetros desde el suroccidente del país, en defensa de la vida y el territorio. El centro histórico de la capital, que ha sido escenario de sus movilizaciones, ahora lo es de una representación sin precedentes: tres nombramientos en altos cargos del Gobierno nacional y la mayor participación que han tenido en el Congreso de la República.
La defensora de derechos humanos del pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, Leonor Zalabata, será la primera indígena en asumir como embajadora de Colombia ante la ONU en Nueva York. La abogada especializada en derecho constitucional, indígena emberá de Antioquia, y excomisionada de la verdad, Patricia Tobón, dirigirá la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; y el psicólogo y sociólogo de la comunidad indígena nasa del Cauca, Giovani Yule, será el director de la Unidad de Restitución de Tierras.
Su posesión tendrá doble relevancia histórica: asumirán puestos tanto de alto nivel, como de importancia para la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las antiguas FARC. Entre sus principales desafíos están fortalecer el apoyo de la comunidad internacional para el cumplimiento pleno de estos acuerdos, robustecer el acompañamiento a más de nueve millones de víctimas del conflicto y agilizar los procesos de devolución de tierras a familias campesinas afectadas por el despojo.
“Esta representación ha sido una deuda histórica del Estado. Los nombramientos demuestran las capacidades del movimiento indígena colombiano. Son personas que pueden trabajar no solo por nuestras comunidades sino por el país”, opina Edwin Capaz, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, que ha liderado las llamadas mingas o protestas indígenas durante años.
Los pueblos étnicos han sufrido las consecuencias de enfrentamientos entre grupos armados por el control territorial. Desde la firma en 2016 de los acuerdos de paz, 348 indígenas han sido asesinados, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. El 20% de los casos de reclutamiento y desplazamiento forzado, documentados por la Comisión de la Verdad, ha impactado a diferentes resguardos. En 2009, la Corte Constitucional declaró que existe riesgo de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas en Colombia. Organizaciones han advertido que al menos 72 de 112 están en peligro, según el informe final de la Comisión.
Para estas comunidades, que también afrontan discriminación y sufren de tasas pobreza multidimensional de más del doble del promedio nacional, las violencias históricas desde la colonización se suman a las del conflicto interno, “marcando sus vidas en un trauma colectivo que sigue mostrando las condiciones de falta de reconocimiento de sus experiencias como parte de una historia compartida y del derecho a sus territorios y culturas siempre bajo amenaza”, advierte el informe de la Comisión.
“Colombia es un país pluriétnico y multicultural. Tener indígenas en cargos importantes es un mensaje contra el racismo estructural que han padecido estos pueblos desde tiempos inmemoriales y también para las élites que han estado acostumbradas a mantener el monopolio de cargos”, afirma Paulo Bacca, director de justicia étnico racial del centro de estudios Dejusticia.
Antes de los tres nombramientos que fueron anunciados por el presidente Gustavo Petro, los cargos más altos que ocupaban indígenas eran los de cuatro magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP: Belkis Florentina Izquierdo (arhuaca), Ana Manuela Ochoa (kankuama), Juan José Cantillo (wayuu) y José Miller Hormiga (totoró). Con su designación, tras los acuerdos de paz, fue la primera vez que se aseguró una representación del 10% en un alto tribunal de justicia.
Más curules en el Congreso
A la presencia en cargos de importancia en el gobierno se suma una mayor presencia indígena en el Congreso de la República. Para el nuevo periodo legislativo, la participación se duplicó pasando de tres a seis escaños (tres en el Senado y tres en la Cámara de Representantes), aunque sigue siendo baja frente a los 108 del Senado y los 188 de la Cámara. Las comunidades indígenas corresponden al 6% de la población en Colombia.
Las tres nuevas curules las obtuvo el Pacto Histórico, el partido de gobierno, con la abogada e indígena wayuu de La Guajira, Martha Peralta Epiayú, en el Senado; el exconsejero del CRIC e indígena del Cauca, Ermes Pete Vivas, en la Cámara de Representantes; y Karmen Ramírez Boscán, también wayuu, como representante de los colombianos en el exterior.
Históricamente, la participación de estas comunidades se había limitado a tres curules de circunscripción especial que establece la Constitución de 1991. Para el periodo 2022-2026 fueron elegidos como senadores Aída Marina Quilcué, del Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS; y Polivio Leandro Rosales, del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO. El espacio en la Cámara lo ocupa Norman Bañol, líder del pueblo embera chamí de Caldas.
Para Bacca, la llegada de más indígenas al Congreso es una oportunidad de renovación y apertura. “Esto puede ser determinante para que los mismos sujetos de derechos se empoderen al interior de una institución que está muy desprestigiada. Abre espectros democráticos para que pueblos excluidos empiecen a sentir que se está dando un cambio”, asegura.
Los nuevos congresistas tendrán un reto mayúsculo con su presencia en el Capitolio, ubicado en el corazón de la Plaza de Bolívar, la misma a la que antes habían llegado con reclamos acumulados de sus comunidades. “Hay temas urgentes alrededor de Derechos Humanos. Es apremiante la protección de las identidades culturales”, puntualiza Edwin Capaz, el consejero mayor del CRIC.
