El nombre de Cecilia Monzón está lejos de caer en el olvido. La abogada, asesinada en mayo pasado, ha inspirado una nueva iniciativa para quitar la patria potestad a los feminicidas en el Estado de Puebla, donde vivía y concentró su carrera política. La propuesta será votada en el arranque de la nueva legislatura a partir del mes de septiembre. La iniciativa de reforma hace referencia al asesinato de la también activista por los derechos de las mujeres, cuyo principal sospechoso es el el padre de su hijo, el excandidato del PRI a la gubernatura de Puebla, Javier López Zavala, vinculado a proceso como presunto autor intelectual y en prisión preventiva.
“Esta iniciativa va por ti Cecilia Monzón y por todas las mujeres que han perdido la vida a manos de un feminicida, porque quienes nos quedamos en la lucha, promoveremos acciones a favor de las niñas, niños y adolescentes a quienes han dejado sin sus madres”, recordó la diputada Mónica Silva, del Partido del Trabajo (PT), quien ha presentado la propuesta y la ha bautizado como “Ley Monzón”.
El texto persigue apuntalar un cambio de paradigma y velar en estos casos por el interés superior del menor, como exige la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. La reforma supone la modificación de los códigos Penal y Civil y plantea suspender la patria potestad de los menores cuyo padre esté vinculado a proceso por un feminicidio o intento de feminicidio. Y de confirmarse dicha sentencia, la retirada definitiva de ese derecho.
La familia de Cecilia Monzón es quien actualmente tiene la custodia del hijo de la activista, un niño de 4 cuatro años. Sin embargo, el presunto feminicida, dada la legislación actual, conserva el derecho a la patria potestad del menor. Fuentes cercanas al caso señalan que la defensa de López Zavala, en plena batalla legal, ha llegado a plantear el ejercicio de derechos de visita del niño “aunque nunca se llegaron a ejercitar [cuando Monzón vivía] y ahora se están tratando de utilizar en el marco del procedimiento de custodia”, dice la familia Monzón a EL PAÍS. Cabe destacar que Cecilia Monzón había denunciado a Javier López Zavala desde hace años por abandono de su hijo y por impago de la pensión alimenticia. “Confiamos en que prevalecerá el Estado de derecho y el interés superior del menor, como hasta ahora ha sucedido”, dice la familia.
En ese sentido, la diputada Silva explica que el objeto de la reforma busca poner por delante el bienestar de los niños, las niñas y los adolescentes. Incluso por encima de la presunción de inocencia de los supuestos feminicidas. “El evento traumático al que son sometidos ante la pérdida de su madre, es acompañado por una incertidumbre jurídica que los revictimiza”, señala. “Tenemos documentados muchos casos en los que cuando matan a una mujer, se repiten las violencias con sus hijos. Las personas que son violentas, siguen siendo violentas en otros contextos y los hombres agresores suelen proyectar en sus hijos ese odio contra la madre”, remarca.
Cecilia Monzón fue acribillada a balazos el pasado 21 de mayo cuando viajaba en su camioneta, en la ciudad de San Pedro Cholula. Además de López Zavala, también fueron procesados por el feminicidio el exdelegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado, Santiago Bárcena y el sobrino del político priista, Jair ‘N’, como presunto autor material. Aún falta por detener al segundo sicario responsable de los disparos, Silvestre ‘N’, quién sigue en busca y captura.
El cambio en la ley que buscan en Puebla plantea que sea el poder Judicial quien determine cuál es el mejor ambiente para que el menor pueda desarrollarse y prioriza, de ser posible, hacerlo con la familia de la víctima. “El juez puede incluso a discreción establecer cuál es el mejor vínculo que vele por los derechos del menor para que siempre se encuentre en las mejores manos”, ahonda Silva.
Este tipo de cambios en en la ley a favor del interés superior de los menores son recogidas por las legislaciones de otros países. En España, por ejemplo, los niños son considerados víctimas de violencia machista desde 2015 y desde 2004, la Ley de Protección contra la Violencia de Género estipula que un juez puede “suspender la patria potestad, guardia y custodia de sus hijos a un inculpado por violencia de género (…) Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y realizará un seguimiento periódico de su evolución”. Uno de los últimos cambios introducidos en la legislación el año pasado es la que impide establecer un régimen de visitas cuando el padre “esté incurso en un proceso penal” por violencia machista.
De acuerdo al mandato del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017, la norma española intenta ser amplia tanto en la atención a las víctimas como en los tipos que dan lugar a las medidas de protección, por lo tanto, la suspensión o retirada de la patria potestad se da en función del procedimiento y de la gravedad del tipo penal imputado. Especialistas en derecho señalan que la ventaja que ofrece la legislación española es que la decisión del juez se da en el mismo marco del procedimiento penal, por lo que no es necesario batallar la custodia en un procedimiento civil, como actualmente sucede en México, concretamente en el caso de la familia Monzón.
La legislación vigente en México contempla que un juez puede suspender o modificar el ejercicio de la patria potestad o la custodia por las siguientes causas: “Incapacidad de quien la ejerce declarada judicialmente; por la ausencia declarada en forma; por sentencia condenatoria que imponga como pena esta suspensión; y por incurrir conductas de violencia familiar” a lo anterior, se agregaría la nueva fracción, propuesta por el PT: “Por auto de vinculación a proceso dictado por delito de feminicidio en contra de la madre”.
Entre las reformas planteadas al Código Penal, de ser encontrado culpable, el feminicida no solo perderá todos los derechos con la víctima de carácter sucesorio. El nuevo texto señala que en caso de tener hijos con la víctima “perderá sobre ellos la patria potestad, tutela, guarda y custodia, régimen de visitas y convivencias y el derecho de alimentos que le correspondiere. Sanción que se aplicará igualmente en caso de tentativa”.
“Queremos que el menor tenga, en la medida de lo posible, la mayor normalidad para su desarrollo integral para que pueda vivir su nueva realidad y llevar un duelo”, señala la diputada Silva, quien todavía necesita reunir los apoyos suficientes para sacar adelante la reforma. Helena Monzón, hermana de la víctima, ha manifestado su total respaldo a la medida: “Tengo plena convicción de que esta iniciativa liberará a las infancias de los círculos de violencia a los que les ata la ley actualmente”, ha dicho la también abogada.
