La Fiscalía General de la República (FGR) señaló al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, como integrante de una organización delictiva que mediante el tráfico de influencias y la extorsión obtuvo un beneficio ilícito por 37 millones de pesos.
Al formular la imputación por los delitos de tráfico de influencias, lavado de dinero, extorsión y asociación deliciosa contra cuatro abogados, la FGR destacó que desde noviembre del 2018, cuando ya se perfilaba a Scherer Ibarra como Consejero Jurídico de la Presidencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los litigantes Juan Antonio Araujo Rivapalacio y César Omar González Hernández formaron una asociación delictuosa para extorsionar al abogado Juan Ramón Collado Mocelo.
El Fiscal especializado en Litigación de la FGR, Manuel Granados Quiroz, explicó que en noviembre de 2018, Araujo y González convocaron a Juan Collado para ofrecerle una alianza, señalando que con la llegada de Scherer a la Consejería Jurídica de la Presidencia iban a tener el control del aparato de justicia, por lo que así podrían ayudar a los clientes del que fuera abogado del expresidente Enrique Peña Nieto.
En una audiencia que se ha extendido por 18 horas y en la que todavía no se define la vinculación a proceso de los imputados, la FGR presentó 75 datos se prueba para apuntalar su teoría del caso, entre ellos, dos mensajes de Twitter emitidos por el ex consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, una entrevista concedida por el abogado Juan Araujo a la periodista Carmen Aristegui, así como registros patrimoniales y declaraciones fiscales de los imputados.
De acuerdo con la FGR, en la red de extorsión también participan el abogado Isaac Pérez Rodríguez, el cual recibió de manera ilícita un pago por 1.5 millones de dólares como parte de la extorsión, dinero que no fue declarado por ninguno de los involucrados ante las autoridades hacendarias, y el financiero David Gómez Arnau, quien fue socio de Julio Scherer hasta el año 2019 en una empresa de factoraje.
Según la imputación formal de la FGR, la extorsión contra Collado se fraguó en tres momentos distintos, la primera para arreglar presuntos problemas fiscales que habría detectado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual concluyó con el pago de 20 millones de pesos que el propio Juan Collado y su hijo Juan Ramón Collado Dot habrían entregado al abogado César Omar González en la terraza del hotel Four Seasons de Paseo de la Reforma.
Un segundo momento de la extorsión se inicia a partir del momento en que Collado es detenido en julio de 2019, encarcelado y vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, instante a partir del cual Araujo y González se comprometen a lograr su liberación con apoyo de Julio Scherer, quien supuestamente iba a movilizar su red de tráfico de influencias para lograr sentencias y resoluciones judiciales favorables a Juan Collado.
Derivado de ese compromiso, la familia de Juan Collado acordó con Juan Araujo y César Omar González el pago de 3 millones de dólares para tratar de recuperar su libertad, aunque solamente se hizo el primer pago por la cifra de 1.5 millones de dólares, justificados mediante un contrato de prestación de servicios con el abogado Isaac Pérez Rodríguez, dijeron que fue entregado en Madrid, España, para que en México no quedara huella de dicha transacción.
Tras las dos entregas de dinero, la red de extorsión comandada por Scherer habría seguido operando para tratar de apoderarse de la caja popular Libertad, servicios financieros, propiedad de Juan Colladony su familia.
Esta venta, según la narrativa de hechos de la FGR, se quería concretar a precios ínfimos, muy por debajo de su precio real; beneficiando así al empresario Julio Villarreal, amigo de Scherer. Todo con intervención del exconsejero jurídico, quien era promovido por los abogados Juan Araujo y César Omar González como un personaje que tenía una gran influencia en el Poder Judicial de la Federación, en la UIF, en la Procuraduría Fiscal, en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, gracias a que había propuesto y colocado funcionarios en todas esas dependencias.
La FGR explicó que los abogados Juan Araujo y César Omar González convocaron a Juan Collado a una primera reunión en la que le enseñaron una columna del periodista Dario Celis en la que le advirtieron que era investigado por la UIF, a cargo en ese momento de Santiago Nieto; ofreciéndole regularizar su situación fiscal mediante una cita con la propia UIF a cambio de 20 millones de pesos.
Posteriormente, el abogado César Omar González le reveló Juan Collado sus últimos movimientos financieros tanto en retiros como depósitos, demostrando que sí tenía acceso a filtraciones de alto nivel, por lo que finalmente aceptó hacer el pago solicitado.
Según los datos de prueba, el resultado de la negociación fue la entrega de un oficio expedido por la UIF en la que constaba que las cuentas de Juan Ramón Collado Mocelo no estaban sujetas a investigación, ni bloqueadas o inmovilizadas.
Al cuestionar sobre el costo de la “asesoría”, los abogados presuntamente coludidos con Julio Scherer le informaron a Collado que debía pagar 20 millones de pesos, costo que se le hizo exagerado al litigante, por lo que en un principio rechazó pagar dicha cifra.
Sin embargo, Juan Araujo y César Omar González le advirtieron que así como Scherer Ibarra podía ayudar, también lo podía perjudicar, por lo que finalmente aceptó realizar el pago.
Posteriormente, estos mismos litigantes le notificaron a Juan Collado que existía una carpeta de investigación en su contra por el delito de lavado de dinero, advertencia que Collado no creyó, pero ese mismo día fue detenido saliendo de una comida con el exlíder petrolero, Carlos Romero Deschamps.
Una vez detenido Collado, Araujo y González se presentaron en el Reclusorio Norte para señalar que iban a platicar con Julio Scherer Ibarra, para que el entonces Consejero Jurídico de Presidencia moviera todas sus influencias con el fin de que pudiera recuperar su libertad.
Además, nombraron al abogado Rodolfo de la Guardia para que este fungiera como parte de la defensa legal de Juan Collado en la audiencia inicial.
Derivado de que la Fiscalía ha señalado que Araujo y González no eran abogados de Collado y que jamás estuvieron nombrados como sus defensores en ninguno de los procesos penales que enfrenta, la Fiscalía sostiene que los pagos obtenidos por estos litigantes de Collado y su familia por más de 37 millones de pesos son productos de una extorsión.
