No hay forma de calcular la magnitud del golpe que ha sufrido este lunes el fiscal general de la República, Alejandro Gertz. Tampoco sus consecuencias. Totalmente fuera de guión hasta hace unas semanas, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abre un periodo de incertidumbre en la dependencia. Gertz acusa a su cuñada y sobrina política del asesinato por omisión de cuidados de su hermano enfermo. Los ministros han hablado claro y han coincidido en que la acusación no se sostiene. El fiscal de momento no ha hablado.
La decisión trasciende su sentido y apunta a la forma. No ha habido un voto discordante en la sesión, los 11 ministros han votado a favor de liberar a Alejandra Cuevas, hija de Laura Morán, pareja de Federico Gertz hasta su muerte. Los 11 han votado igualmente para cancelar la orden de detención contra Morán. Si a las 15.00 concluía la votación, a las 16.00 Cuevas salía de prisión, donde ha pasado el último año y medio. El mensaje ha sido contundente, sin matices. En cuatro meses, la SCJN ha hecho lo que la justicia ordinaria no pudo en los seis años anteriores.
La pelota está ahora en el tejado de los defensores de Gertz y sus postulados, una lista escueta. El primero, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, valedor de principio a fin de los movimientos del fiscal, fueran o no asuntos personales. El mandatario ha apoyado a Gertz sin fisuras desde que asumió el cargo, en enero de 2019. No ha importado la lentitud de la Fiscalía en casos clave contra la corrupción, como el proceso Odebrecht, o las batallas que el fiscal ha librado con otros funcionarios de la Administración, caso de Santiago Nieto o Julio Scherer. Gertz siempre ha aterrizado de pie, dando las explicaciones justas.
Pocos apoyos le quedan al fiscal además de López Obrador. Si acaso la mayoría de senadores, en una cámara dominada por Morena, encargada en realidad de controlar al titular de la agencia investigadora. El Senado ha sido incapaz de levantar la voz estos años pese a las quejas constantes de la familia política del fiscal. Y por último la actual administración de la Fiscalía de Ciudad de México y los jueces locales que validaron su investigación.
Son sobre todo estos últimos, jueces y fiscales de Ciudad de México, los que quedan en evidencia con el fallo. Exigidos por un caso en que el fiscal Gertz se ha jugado buena parte de su capital político, los ministros de la Corte han señalado sus errores. En el caso de Morán, la Corte ha dicho que la mujer “confió su salud a personal técnicamente preparado para ello, por lo que no se demostró que hubiera incurrido en un delito bajo la modalidad de comisión por omisión”. En el caso de Cuevas, que “no existe evidencia alguna de la que se desprenda que la quejosa aceptara hacerse cargo del enfermo, tomara decisiones sobre sus cuidados o siquiera habitara con el occiso”.
La fiscal de Ciudad de México, Ernestina Godoy, no se ha pronunciado al respecto del fallo. Tampoco el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la capital, Rafael Guerra. Este lunes por la noche, la Fiscalía local ha divulgado un comunicado en respuesta al fallo: “Nuestra institución se rige bajo el principio de la búsqueda de la verdad. Presentamos pruebas, con base en ellas, los juzgadores adoptan sus resoluciones, mismas que pueden ser revisadas, perfeccionadas o reconsideradas a lo largo del proceso penal (…) La Fiscalía General de Justicia es autónoma, no obedece a intereses personales, no fabrica culpables ni delitos, ni genera acuerdos al margen de la Ley”.
Godoy es quien más explicaciones debe. A la muerte de Federico Gertz, en 2015, su hermano, entonces rector de la Universidad de las Américas, UDLA, A.C., denunció el presunto asesinato ante la fiscalía local. Durante 2016 y 2017, la dependencia archivó hasta en dos ocasiones las pesquisas, argumentando que no había elementos siquiera para presentar el caso ante el juez. El proceso no se movió hasta tres años más tarde, ya con Alejandro Gertz al frente de la Fiscalía General de la República. En julio de 2020, fiscales de Ciudad de México consignaron ante la jueza el mismo caso que sus compañeros habían desechado. En septiembre, la jueza pidió la detención de las mujeres y en octubre, Cuevas estaba en la cárcel.
El cambio de criterio de la fiscalía capitalina extraña. Tratándose de un caso de alto perfil, Godoy nunca ha dado explicaciones por los bandazos de sus subordinados. Tampoco ha explicado el destino de los primeros investigadores, denunciados por Gertz por un delito de negación del servicio público, escondidos durante meses por miedo a una detención. Tanto el primer fiscal que investigó el caso como su jefe perdieron su empleo, uno en la fiscalía y otro en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los dos han anunciado ya que demandarán una reparación del daño.
El ejemplo del caso de la familia política del fiscal pende ahora de la pared en la sala de máquinas de los enemigos del fiscal. Con cantidad de frentes personales abiertos —los que la UDLA mantiene con la universidad poblana del mismo nombre, los que la UDLA mantiene con el Instituto de la Propiedad Industrial y con trabajadores del instituto, además del caso de los fiscales de Ciudad de México que archivaron el tema familiar— solo falta que los que le tenían miedo se lo pierdan. O que los que le han apoyado, caso del presidente, empiezan a dudar de su honestidad.
