Primero el Congreso, después la Secretaría de Hacienda y finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha perdido todas las batallas por el aumento del presupuesto asignado para organizar la consulta sobre la revocación de mandato del presidente, Andrés Manuel López Obrador. El máximo tribunal constitucional de México fue esta semana el último organismo en determinar que la autoridad electoral debe convocar la votación ajustándose a sus recursos pese al recorte aplicado por el poder legislativo, lo que supone un déficit de más de 2.300 millones de pesos respecto a lo contemplado inicialmente. El instituto pidió ayuda a Hacienda, aunque esa dependencia se la negó. Y este viernes arranca la cuenta atrás para la consulta con la aprobación de la convocatoria formal para el 10 de abril, según lo previsto, y con la sombra de una organización mucho más modesta.
Para empezar, fuentes del INE confirman que se instalarán menos de la mitad de las casillas que recoge la ley. Es decir, unas 57.000, de acuerdo con las primeras estimaciones, en lugar de 161.000. Ese fue, durante los últimos meses, el principal argumento del consejero presidente del organismo, Lorenzo Córdova, quien recuerda una y otra vez que las urnas deben ser las mismas que en las últimas elecciones federales del 6 de junio. La referencia que se utilizará será, en cambio, la de la consulta popular para enjuiciar a los exmandatarios, que se llevó a cabo el pasado 1 de agosto y en la que apenas participó el 7% del censo. La votación de abril, sin embargo, no tiene precedentes y por eso su relevancia política es enorme. López Obrador hizo de ella una apuesta para reivindicarse de nuevo ante la segunda parte de su mandato, que culmina en 2024. De hecho, la consulta le permitió volver al terreno de la campaña electoral, su ecosistema favorito, aunque cuando se publique oficialmente la convocatoria deberá abstenerse de pronunciarse al respecto desde sus conferencias de prensa matutinas.
Estos mimbres ayudan a entender el alcance del referéndum revocatorio y qué hay detrás de las tensiones entre el INE y el Gobierno, que vienen de los anteriores comicios. Córdova lleva meses recibiendo críticas y ataques verbales de varios dirigentes de Morena e incluso acusaciones del propio mandatario. Este jueves, durante una cumbre de la Asociación de Organizaciones Electorales Europeas (ACEEEO, por sus siglas en inglés), ha lamentado que los recortes presupuestales amenazan las capacidades de las autoridades electorales y los intentos de aumentar los controles sobre organismos autónomos e independientes como el Instituto Electoral a través de cambios legales. “Es particularmente perturbador que estos ataques escalen de nivel hasta amenazar la integridad personal de los funcionarios públicos a cargo de las instituciones electorales como está pasando en Perú, pero también en México”, ha rechazado.
Con todo, tanto Córdova como algunos de los consejeros que se han mostrado más intransigentes ante las presiones políticas, como Ciro Murayama, han dejado claro que se la consulta se realizará a pesar del rechazo interno, que es mayoritario. Días antes de Navidad el INE propuso aplazar la revocación de mandato hasta contar con los recursos suficientes. Tras un pimpón entre el Gobierno, la justicia y el organismo, la Suprema Corte estableció que el referéndum debe convocarse con el presupuesto que lo permita, aunque protegió a los consejeros de posibles denuncias debido a algunas amenazas vertidas por legisladores del partido oficialista.
Mientras tanto, López Obrador ha celebrado este jueves que “la revocación del mandato es ya un hecho”. “Se va a llevar a cabo la consulta, ya que no haya duda sobre eso, ya se autorizó cumplir con el mandato constitucional. No se puede violar la Constitución, ya eso está resuelto. Y se está esperando nada más la convocatoria y todo indica que va a ser el día 10 de abril. Se le va a preguntar a la gente, a todo el pueblo, palabras más, palabras menos: ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie?, en eso consiste la revocación del mandato, es que el pueblo decida si está de acuerdo en su autoridad o no”.
La pregunta, que también ha sido cuestionada por el presidente por considerarla “muy confusa”, ya ha sido aprobada por el mismo tribunal. “Revocación del mandato es que el pueblo pone y el pueblo quita, es un derecho y lo que se va a hacer es que cada tres años, de acuerdo con la reforma constitucional, la autoridad está obligada a consultar al pueblo. El poder es una tentación cuando no hay principios, cuando no hay ideales el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos”, ha continuado López Obrador, que ha añadido: “Qué bien que a pesar del debate que hubo y que puede seguir habiendo ya va a salir lo de la consulta”. La palabra debate quizá sea un eufemismo. La tensión entre el INE y el Gobierno no ha parado de crecer. Y así empieza la primera consulta sobre revocación de mandato.
