“No voy a descansar hasta que hagan justicia real con mi hija”, dice la periodista Sol Jarquín al otro lado del teléfono. Su hija María del Sol fue asesinada en Juchitán (Oaxaca) en junio de 2018 cuando caminaba junto a la candidata Pamela Terán del PRI, Verde, Nueva Alianza. En aquel ataque también murió el chófer de la aspirante. Su jefe Francisco Montero, secretario de Asuntos Indígenas del Gobierno de Oaxaca en 2018 había obligado a Jarquín, directora de Comunicación Social de esa dependencia, a hacer campaña con su hermano Hageo Montero para el Ayuntamiento de Juchitán. “Cuando me enteré de la muerte de la candidata no sabía que mi hija estaba con ella”, dice Sol Jarquín.
Después vinieron tres largos años de empujar la justicia para que las autoridades hicieran su trabajo. Hasta la fecha, Jarquín ha conseguido que se reclasifique el caso de su hija como feminicidio, pero ninguno de los responsables ha comparecido ante ningún tribunal. Ese es el drama de miles de familias de asesinadas y desaparecidas en México. Agolpadas frente a las puertas de las fiscalías y tribunales, exigen justicia mientras las autoridades fallan en su responsabilidad. Con una tasa de impunidad del 95%, los delitos de feminicidio rara vez llegan ante un juez y solo el 2% reciben una sentencia. Esto significa que en la mayoría de los casos, los asesinos siguen libres.
“Una madre está dispuesta a hacer todo”, dice Sol Jarquín. Hasta llegar a la conferencia matutina del presidente López Obrador para pedir justicia por su hija. “En el expediente se rompió la cadena de custodia, los agentes de investigación no hicieron su trabajo, no hubo responsabilidad ni ética profesional en el manejo de la carpeta”, las pruebas del feminicidio de su hija estaban manipuladas o extraviadas. Jarquín asegura que llevará el caso de María del Sol hasta instancias internacionales para que se haga justicia.
Ante el aumento de asesinatos de mujeres, organizaciones de la sociedad civil protestaron contra la impunidad en Oaxaca instalando esta semana un tribunal feminista con cinco expertas en derechos humanos que hicieron el papel de juezas y analizaron siete casos de feminicidios ocurridos en el Estado para evidenciar los fallos cometidos por autoridades y tribunales. “Queremos mostrar los obstáculos, las actuaciones con falta de debida diligencia, la complicidad misógina que hay hacia los feminicidas. Hay casos en los que los feminicidas están identificados y no se les detiene. Hay casos con órdenes de aprehensión desde hace ocho años que todavía no se han llevado a cabo”, señala Yésica Sánchez del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, uno de los organizadores del Tribunal.
Además de los casos de María del Sol Jarquín, también se expusieron los casos de Quedma Ramírez, Dafne Denisse Carreño, Lizbeth Jiménez Cámara, María Caren Paula Burgos, Ivón Jiménez Camacho y Melisa Areli Rojas, asesinadas entre 2013 y 2021. Ellas son solo una pequeña muestra de los cientos de feminicidios que se comenten en Oaxaca a los que nunca se les hace justicia.
De acuerdo con Consorcio Oaxaca, en los últimos cinco años —lo que va del sexenio del priista Alejandro Murat— 575 mujeres han sido asesinadas violentamente en el Estado y más de 1.400 son víctimas de desaparición. Las cifras no empatan con las de las fiscalías a las que Sánchez acusa de ocultar datos para que no se note un aumento de los feminicidios en las estadísticas. “Creemos que hay una preocupación para que la imagen de Oaxaca no se vea manchada. Incluso el fiscal anterior, Vasconcelos, se negaba a iniciar investigaciones como feminicidio y las carpetas se abrían como homicidio”. El propio fiscal del Estado, Arturo Peimbert, reconoció la ineficiencia de la Fiscalía para investigar delitos contra las mujeres y esclarecer los feminicidios “Reconocemos que la Fiscalía de Justicia de Oaxaca no ha estado a la altura de las necesidades de las víctimas que tenemos que reconocerlos como un proceso reparatorio, trabajar para que no suceda más”, aseguró en junio de este año.
Este fue el caso de Quedma Ramírez Torres, víctima de feminicidio en 2013 al que la Fiscalía calificó como homicidio. El padre de su hija disparó a Ramírez mientras dormía frente a la niña de 12 años, después de conocer que la mujer le había demandado una pensión alimenticia para su hija.
El 30% de los feminicidios cometidos en Oaxaca durante 2021 sucedieron en la región de la Mixteca, donde está el pueblo de Ramírez. Así lo asegura el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos. “¿Por ser pobres nos pueden matar como a unos animales?, ¿por ser pobres no hay justicia para nosotros?”, dice con enfado Minerva Ramírez, hermana mayor de Quedma. “Mi padre murió sin ver que se hiciera justicia por su hija”, se lamenta. Minerva Ramírez dice que teme por su vida y que se siente desprotegida. “Ya no confío en la justicia. No me explico por qué no hacen nada cuando tienen todo en sus manos para detener al asesino de mi hermana. Saben dónde está y, sin embargo, nos piden a nosotros que demos pruebas de donde vive”, protesta la mujer. “Creemos que el asesino está pagando a la justicia para que no le detengan”, asegura.
“Tenemos un gran sistema patriarcal, machista, misógino y corrupto permeando el sistema de justicia”, señala Yésica Sánchez. “No les importa que maten a las mujeres ni el sufrimiento y desgaste de las familias que han perdido a una mujer víctima de feminicidio”, agrega. Desde hace tres años Oaxaca tiene una alerta por violencia de género que, sin embargo, no ha frenado el asesinato de mujeres. “Gastan el dinero en eventos supercaros contra la violencia, pero en sí no dan acompañamiento psicológico a las hijas de víctimas, a las madres, no se ejecutan las órdenes de detención, no se dicta sentencia…”, enumera Sánchez y agrega un dato más: “Nos enteramos por transparencia que Oaxaca no tiene presupuesto para los huérfanos de las víctimas de feminicidio. Es una paradoja bien jodida que después de eso se hagan fotos con el moño naranja contra la violencia de género”.
