La primera sala de la Suprema Corte resolvió que sea el pleno del tribunal constitucional quien resuelva sobre la legalidad del acuerdo presidencial por el cual se dispuso de la fuerza armada permanente para tareas de seguridad pública.
Esa decisión, tomada por la trascendencia del tema, permitirá que la “militarización” de la seguridad pública sea discutida por los 11 ministros del pleno, y no sólo por los cinco que integran la primera sala.
Además, podría ser analizada de manera sucesiva con otros recursos similares que fueron presentados ante la Corte, lo que permitirá, además, una discusión integral del tema.
No obstante, no hay fecha establecida para que el pleno de la SCJN lleve a cabo la discusión. Aunque el plazo es indefinido, se espera que sea el primer trimestre de 2022.
La decisión está relacionada con la controversia 90/2020 que cuestiona la constitucionalidad del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de mayo de 2020, el cual señala que la disposición de la fuerza armada permanente para tareas de seguridad pública será de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Refiere que dicha tarea “se realizará durante el tiempo en que la Guardia Nacional desarrolle su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años”.
El plazo debe contarse a partir de la entrada en vigor del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el DOF.
Dicho plazo está alineado al que puso el Congreso de la Unión para formar cabalmente a la Guardia Nacional, el cual vence el 27 de marzo de 2024.
La citada controversia fue presentada el 20 de junio de 2020 por la entonces presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la legisladora panista Laura Rojas y apoyada por un nutrido grupo de legisladores de oposición.
