DURANGO, DGO.- Derivado de las denuncias presentadas por cinco trabajadores del transporte público, Raúl “N” dirigente del Sindicato de Choferes y Trabajadores Conexos de Durango (CTM) fue obligado, mediante el ejercicio de la acción penal, a reparar el daño económico que causó a sus agremiados, al solicitarles y obtener ilícitamente de ellos diversas cantidades de dinero para gestionar ante el gobierno del Estado las concesiones (placas) del servicio público de transporte.
Las personas denunciantes narraron a los agentes del Ministerio Público especializados en combate a la corrupción que en mayo de 2018 tuvieron cada una que entregar al citado directivo sindical entre 20 mil y 200 mil pesos, que suman un total de 775 mil pesos, a fin de que se les otorgara una concesión para prestar el servicio de transporte público de pasajeros. Siendo que estos permisos tienen un costo de 12 mil 788 pesos, y su pago es en las oficinas recaudadores de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado.
Según el artículo 213 del Código Penal de Durango comete el delito de Exacción Fraudulenta quien, a título de dirigencia, gestoría o representación, engañando o aprovechando la ignorancia o la necesidad de alguien, solicite y obtenga dinero o cualquier otra dádiva con la promesa de conseguir o facilitar del Gobierno o de cualquier entidad pública, entre otros trámites, el de alguna concesión, autorización, permiso o licencia.
Luego de una exhaustiva investigación en la cual se comprobó la existencia del delito señalado, el agente del Ministerio Público especializado solicitó al juez de Control citar a audiencia para la formulación de imputación en cada uno de los cinco casos denunciados. En sus comparecencias ante el juzgado penal, el imputado llegó a un acuerdo de reparación del daño a las víctimas, y obtuvo el perdón de las personas ofendidas en los términos que permite la ley.
Por su parte, la Fiscalía anticorrupción dará vista a la Secretaría General de gobierno y la Dirección General de Transportes del Estado de las causas penales desahogadas, para las acciones administrativas que pudieran resultar en la tramitación de concesiones que realizan las organizaciones sindicales del transporte público.
Investigar y perseguir los hechos delictivos, para lograr la devolución de lo robado al Estado y la reparación del daño a las personas víctimas de ilícitos, además de la imposición de sanciones de prisión, multa, destitución e inhabilitación de servidores públicos responsables de delitos de corrupción es la función constitucional de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango.
