La propuesta de López Obrador contempla eliminar la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. (Cuartoscuro)

La iniciativa de reforma al sector eléctrico que comenzará a discutirse en el Congreso resta competitividad a México, pone en riesgo el combate al cambio climático y vulnera las condiciones para la inversión, tanto por la incertidumbre jurídica como por el retroceso en los procesos productivos a partir de combustibles fósiles, motivo suficiente para reconsiderar la expansión de las operaciones de las empresas internacionales en el país.

El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) advirtió que “la utilización de combustibles contaminantes como el diésel, el combustóleo y el carbón representa un retroceso a los acuerdos internacionales de los que México históricamente ha formado parte y que hacen necesario reconsiderar seriamente la expansión de las operaciones de las compañías que integran al CEEG”.

El organismo que representa a 56 empresas globales asentadas en México, responsables de más del 40 por ciento de la Inversión Extranjera Directa (IED), afirmó que “no es justificable, en ningún sentido, utilizar combustóleo en la generación de electricidad como resultado de una ineficiente capacidad de refinación, ni sostenible utilizar recursos naturales peligrosamente contaminantes para dicho fin”.

En un posicionamiento, el organismo que preside Alberto de la Torre, invitó al Gobierno de México “a reconsiderar su posición sobre la iniciativa de reforma a la industria eléctrica”, pues existe preocupación en caso de aprobarse, por sus efectos “profundos” para la competitividad del país en el corto y largo plazos, ya que incrementaría los costos de las tarifas eléctricas, tanto de familias como empresas, y limitaría el acceso a energía asequible, segura, sostenible y suficiente.

A su vez, genera incertidumbre en el clima de inversión, al cambiar los compromisos adquiridos por el país en el sector energético y afectar la operación de los órganos reguladores de la industria, expone el CEEG, cuyas empresas representan el 10 por ciento del PIB nacional y el 11 por ciento de las exportaciones de México.

Para la calificadora Moody’s, la iniciativa que se envió el 30 de septiembre a la Cámara de Diputados es negativa, pues ahuyentará la inversión, especialmente la ‘verde’.

“La iniciativa es negativa para fines crediticios para el sector eléctrico mexicano porque disminuiría su transparencia operativa, disuadir la inversión privada en generación, desincentivar la generación de renovables y probablemente aumenten el costo total de la electricidad”, abundó la agencia.

Añadió que la propuesta del ejecutivo es el tercer intento del gobierno de cambiar la forma en que el mercado eléctrico opera en México, pues en 2019 la Suprema Corte dictaminó que los cambios propuestos a las políticas energéticas existentes, que también apuntaban a cambiar los criterios de despacho, eran inconstitucionales, sentando un precedente para las disputas venideras.

La más reciente propuesta de López Obrador contempla eliminar la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), dos reguladores energéticos independientes de México, lo que es considerado un error bajo la óptica de Moody’s.

“La existencia de estos reguladores es un elemento clave en el desarrollo de la energía de México. El sector, proporcionando seguridad y estabilidad entre los participantes del mercado. La eliminación de CNH y CRE minarían la confianza de los inversores porque debilitarían la transparencia y marco institucional”; postuló la calificadora.

No obstante, se mantienen optimistas indicando que la aprobación de la reforma no es probable en su escenario base, pero no descarta el avance de esta iniciativa.

“No podemos descartar que se apruebe la propuesta de López Obrador, pero este no es el escenario más probable porque requeriría una mayoría de dos tercios de votos en ambas cámaras del Congreso y la mayoría simple en los congresos locales de los 32 gobiernos regionales de México. Además, si se aprueba, la propuesta probablemente desencadenaría disputas legales internacionales, afectaría competitividad de la inversión extranjera y se apartan de las prácticas regulatorias acordadas”, enfatizó Moody’s.

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