El descontento de Francia con algunas políticas migratorias de Marruecos, Argelia y Túnez ha acabado por estallar después de meses de forcejeo diplomático. El Gobierno de París anunció el martes que reducirá drásticamente el número de visados que concede a marroquíes, argelinos y tunecinos para que viajen a territorio francés.
La medida es una represalia por las reticencias de estos países magrebíes a aceptar la devolución de ciudadanos suyos que se encuentran en situación irregular en Francia y que Francia intenta expulsar. El portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal, declaró en la emisora Europe 1: “Es una decisión drástica. Es una decisión inédita. Es una decisión necesaria debido a que a estos países no aceptan acoger a ciudadanos suyos que nosotros no deseamos y que no pueden seguir en Francia”.
Los visados para Marruecos y Argelia se reducirán en un 50%, y en un 30% para Túnez. La decisión llega en un contexto político preelectoral y con la inmigración en el centro de las discusiones. Marine Le Pen, candidata del partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional a las elecciones presidenciales del próximo abril, prevé detallar el mismo martes su proyecto para celebrar un referéndum sobre la inmigración.
Marruecos es el país con más solicitudes de visados para viajar a Francia de los tres citados, con 24.191 peticiones en el primer semestre de 2021, según datos del diario Le Figaro. De estas, 18.579 fueron aceptadas por Francia. Le siguen Túnez, con 12.921 peticiones, de las que fueron admitidas 9.140, y Argelia con 11.815, con 8.726 aprobadas.
En el periodo citado, 3.301 ciudadanos de Marruecos que vivían en Francia recibieron una orden de expulsión por parte de las autoridades francesas: solo 80 regresaron efectivamente a su país de origen. En el mismo periodo, 7.731 ciudadanos de Argelia y 3.424 de Túnez recibieron la misma orden, pero solo 22 argelinos y 131 tunecinos acabaron siendo admitidos en sus países.
El procedimiento de expulsión de Francia comienza con el envío de la llamada “obligación de abandonar el territorio francés”, decidida por el prefecto (representante del Estado en las provincias) y dirigida a quienes carecen de permiso de residencia o se encuentran en Francia en situación irregular. El afectado tiene 30 días para marcharse, con posibilidad de recurrir.
El problema surge cuando el expulsado carece de pasaporte o papeles de identidad. El diario Le Monde apunta que “numerosos migrantes en situación irregular destruyen sus papeles de identidad para hacer más difícil la expulsión”. En este caso, el supuesto país de origen debe tramitar un documento o salvoconducto consular para que las autoridades francesas puedan repatriarlo. Y es aquí donde surgen las complicaciones: según el Gobierno francés, Marruecos, Argelia y Túnez tramitan muy pocos documentos consulares, lo que dificulta las expulsiones.
Attal, el portavoz del Gobierno francés, explicó que la decisión de recortar los visados llegaba después de meses de presión diplomática. “Ha habido diálogo, ha habido amenazas y hoy ejecutamos estas amenazas”, dijo. “Esperemos que esto lleve a los países afectados a cambiar de política y a aceptar emitir salvoconductos consulares”.
Por su parte, el ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, respondió al Gobierno francés durante una conferencia de prensa en la que insistió en que el fondo del problema es “franco-francés”. Aclaró que Marruecos exige dos condiciones para permitir el regreso de los emigrantes en situación irregular: un documento que acredite su nacionalidad marroquí y una prueba PCR negativa. “Si las leyes francesas no permiten que las autoridades obliguen a una persona a someterse a una prueba para detectar el virus, entonces no es un problema de Marruecos”, señaló en declaraciones recogidas por la agencia Efe.
Marruecos es el gran socio de Francia en el Magreb. Y París, el gran garante ante la ONU, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, de los intereses de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Sin embargo, la crisis migratoria con España, tras la llegada en apenas tres días de unos 10.000 emigrantes a Ceuta el pasado mayo, no suscitó en el Gobierno de Macron la solidaridad inquebrantable que en su día tuvo París con Rabat en la crisis del islote de Perejil, en 2002.
A esa crisis se vino a sumar otra que afectaba directamente a Francia: el pasado julio se supo que un teléfono móvil de Emmanuel Macron se encuentra entre los posibles objetivos del espionaje de Marruecos, a través del programa de espionaje Pegasus, de la empresa israelí NSO Group. Las autoridades francesas no provocaron una crisis diplomática. Pero se vieron en una situación incómoda ante su propia opinión pública, que reclamaba una aclaración del asunto.
