México presentó una demanda ante una Corte del Distrito de Massachusetts, Estados Unidos, contra las 10 grandes compañías fabricantes de armas, a las que acusa de prácticas negligentes y de ser consciente de que sus productos se trafican ilegalmente a nuestro país para abastecer a los grupos del crimen organizado.

México exige indemnizaciones económicas que se deberán determinar en un juicio, además de una serie de medidas para reducir y mitigar los daños económicos y en vidas humanas.

La demanda de 139 páginas establece la presunta responsabilidad de las compañías Smith & Wesson; Barrett Firearms.; Beretta; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Glock; Sturm, Ruger & Co y Witmer Public Safety Group.

El despacho contratado por el gobierno mexicano indica que las empresas tienen la obligación de cumplir con las leyes mexicanas y estadounidenses de importación y exportación, en particular de asegurarse que sus distribuidores no provean de armas a grupos de la delincuencia organizada.

Según el gobierno mexicano, los acusados “saben desde hace mucho tiempo que algunos de los traficantes que utilizan para vender sus armas al por menor suministran una cantidad significativa de armas al mercado criminal en México”.

La demanda dice que las empresas han recibido reportes de la prensa y organizaciones de la sociedad civil sobre los canales de distribución que existen de sus productos para la delincuencia organizada, aunque no han creado “un solo protocolo de seguridad pública en sus sistemas de distribución para detectar y disuadir el tráfico de armas a México. La elección de los acusados de utilizar políticas de distribución y ventas que abastecen a los cárteles viola todas las obligaciones y deberes que han asumido como fabricantes y distribuidores de estas armas”.

“Los acusados saben que las armas de estilo militar, como los rifles de asalto y los rifles de francotirador, son particularmente buscadas por los cárteles de la droga que las utilizan con efectos devastadores en México. Los acusados saben que estas armas se suministran con frecuencia a los cárteles a través de vendedores corruptos o irresponsables (…) La respuesta de los acusados a estos hechos ha sido redoblar las prácticas exactas que saben que suministran a los cárteles arsenales de estilo militar. Las elecciones de los acusados han tenido el efecto de maximizar en lugar de minimizar las ventas a los mercados criminales”, dice la demanda.

Según el escrito, la naturaleza y magnitud de la conducta ilícita de los acusados ha infligido inevitablemente un daño masivo a México, tanto en términos económicos como de vidas humanas.

“México está experimentando niveles crecientes de violencia armada y sufre la muerte de civiles por armas de fuego a una de las tasas más altas del mundo. Antes del dramático aumento en la producción de armas en los Estados Unidos que comenzó a fines de 2004, el número anual de homicidios en México había disminuido, incluidos menos de 2,500 cometidos con un arma en 2003. Pero el fuerte aumento en las ventas de armas en los Estados Unidos resultó en un aumento de diez veces en los homicidios relacionados con armas en México, que aumentaron a alrededor de 23,000 en 2019”.

El gobierno mexicano demanda que las empresas presenten medidas cautelares y equitativas para reducir el daño que han causado; incorporar todos los mecanismos de seguridad razonablemente disponibles en sus armas, incluidos los dispositivos para evitar el uso de esas armas por parte de usuarios no autorizados, otorgar al Gobierno una indemnización por daños y perjuicios por una cantidad que se determinará en el juicio, otorgar sanciones civiles al Gobierno según lo permita la ley y adjudicación al Gobierno de restitución y devolución de las ganancias de los Demandados.

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