En lo que es ya un auténtico ritual, la Asamblea General de la ONU condenó este miércoles el embargo de Estados Unidos contra Cuba con el apoyo de una abrumadora mayoría de países. La batalla por “el levantamiento del bloqueo”, seis décadas después de su instauración por John F. Kennedy (en 1962), es desde hace tiempo uno de los ejes de la política exterior cubana, y hay consenso en la comunidad internacional de que EE UU debe poner fin de una vez a su estrategia de presión y sanciones, más en estos tiempos de pandemia.
Desde 1992, cada año Cuba lleva a la ONU a votación el documento “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, en el que resume los daños ocasionados a su país por las sanciones y recibe el apoyo casi unánime de los miembros de la organización. En la resolución aprobada hoy, La Habana asegura que entre abril de 2019 a diciembre de 2020 los daños causados por el embargo superan los 9.100 millones de dólares, siendo el sector de la salud uno de los grandes afectados, en medio de una grave crisis agravada por la epidemia de la covid-19. En esta ocasión, el resultado en la ONU fue de 184 votos a favor, dos en contra (EEUU e Israel) y tres abstenciones. El bloque de la UE apoyo la resolución por unanimidad.
Históricamente, siempre Estados Unidos e Israel votaron en contra, excepto en el año 2016, cuando mandaba Barack Obama y decidió que Washington se abstendría. Obama acababa de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, rotas en 1961, y había puesto en práctica una política de “compromiso constructivo” con el propósito final de normalizar las relaciones con la isla tras aceptar que el embargo había fracasado en su propósito de provocar un cambio de régimen. Aquel año de 2016 el Gobierno cubano recibió 191 votos a favor y 2 abstenciones, (Washington y Tel Aviv), y aunque Obama intentó convencer al Congreso de EE UU de la necesidad de poner fin a esa política, no lo logró. Enseguida llegó Donald Trump y la historia es conocida: enmienda a la totalidad, y 240 nuevas sanciones en cuatro años, entre ellas restricciones a los vuelos, viajes de los norteamericanos, remesas, incremento de la persecución financiera y activación de la ley Helms-Burton para desincentivar la inversión extranjera.
La llegada de Biden a la Casa Blanca abrió una ventana de optimismo, tanto para el gobierno cubano como para los que dentro de EE UU defendían que había llegado la hora cambiar con Cuba. Recientemente el destacado académico estadounidense William LeoGrande dijo que “una política eficaz hacia Cuba requiere una mentalidad realista que reconozca, de una vez por todas, la incapacidad de Washington para imponer su voluntad a Cuba. Los responsables políticos deben abandonar la ilusión de que las sanciones producirán la victoria, y ponerse a trabajar con un régimen que puede no gustarnos, pero que no va a desaparecer pronto”.
Biden, que como vicepresidente de Obama apoyo el propósito de la normalización con Cuba, se comprometió durante la campaña electoral a desmantelar las sanciones trumpistas y revisar su política hacia la isla. Pero seis meses después, nada. La administración Biden no ha levantado una sola medida y ya ha dicho en dos ocasiones que Cuba “no es una prioridad”, si bien ha asegurado que la política hacia Cuba “sigue en revisión”, lo que permite a los favorables al acercamiento ver una lucecita al final del túnel.
Un diplomático señalaba que, para Estados Unidos, la política de embargo es “un lastre”, pues además que su fracaso está más que demostrado contribuye en cierto modo a “aislarlo” diplomáticamente. No es solamente que todos los años la Asamblea General condene de forma apabullante el embargo, es que además el día de la votación el embajador norteamericano en la ONU ha de aguantar un rosario de intervenciones de países de todo tipo, incluidos sus aliados, dejándolos en evidencia.
El 26 de octubre de 2016, cuando Samantha Powers, la embajadora de Obama ante la ONU, dijo ante el plenario: “Estados Unidos siempre ha votado contra esta resolución. Hoy Estados Unidos se abstendrá”, en el recinto estalló en un largo aplauso. Este miércoles, el embajador norteamericano ante el organismo justificó su voto negativo y el mantenimiento de su política por los déficits democráticos y la situación de los derechos humanos en la isla, el argumento de siempre para mantenerla. El embajador portugués, a nombre de la UE, expresó también su preocupación sobre los asuntos de los derechos civiles y libertades, aunque dijo que Bruselas condena frontalmente el embargo y cree que la presión no es la forma de resolver los problemas, pues el daño principal lo sufre la población.
En un reciente trabajo, Leogrande objeta la lógica norteamericana de mantener la presión como forma de procurar avances en el tema de los derechos humanos, exponiendo que, en el pasado, cuando ha habido momentos de más tensión con Washington, nada se ha progresado. “La lección para el gobierno de Biden en su revisión de la política hacia Cuba es doble. En primer lugar, la intensificación de la coerción no solo no produce avances en materia de derechos humanos en Cuba, sino que empeora la situación. En segundo lugar, una política de compromiso que mejore las relaciones bilaterales en general crea una atmósfera en la que los avances en materia de derechos humanos son más probables, no garantizados, pero sí más probables”, señaló. Para LeoGrande, una política de compromiso permitiría “a Washington reanudar el diálogo bilateral con La Habana sobre derechos humanos que el presidente Obama inició y el presidente Trump abandonó. También hará posible que Estados Unidos se coordine con nuestros aliados europeos, que tienen una consulta permanente con Cuba sobre estos temas”.
Aunque el gobierno cubano recibió la votación de como “una gran victoria”, nada parece indicar, por el momento, que la política de embargo vaya a cambiar con la administración Biden.
