Memorial en honor a las víctimas del colapso en la Línea 12 del metro de Ciudad de México.MARCO UGARTE / AP

La tragedia del metro de Ciudad de México ha convulsionado al país. Tras el derrumbe en la Línea 12, que provocó la muerte de 26 personas y dejó decenas de lesionadas el pasado 3 de mayo, el camino hacia la verdad y la justicia inició hace una semana con la presentación del primer dictamen preliminar sobre las causas del colapso. A siete semanas del siniestro, aún no se han imputado responsabilidades penales ni administrativas contra ninguno de los implicados. En el centro de lo sucedido están los deudos, las víctimas que sobrevivieron y sus familiares. El abogado Cristopher Estupiñán, que representa a 18 personas afectadas, reclama en entrevista que las indemnizaciones ofrecidas son “una burla” y que ni el Gobierno ni las empresas que construyeron el tramo siniestrado han dado la cara. “Es hora de que los empresarios más ricos asuman su responsabilidad por primera vez en la historia del país”, afirma.

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“Buscaremos un pago de decenas, si no cientos de millones de pesos por cada víctima de la Línea 12”, adelanta el abogado. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció cinco días después del incidente que los afectados recibirán 650.000 pesos (poco más de 30.000 dólares) como indemnización por el pago del seguro del Sistema de Transporte Colectivo, una cifra que originalmente era la mitad y que dista mucho de lo que reclama Estupiñán. “Es una burla para las familias, que no nos vengan a decir que 650.000 pesos es una reclamación integral”, dice el abogado, que acusa presiones contra las víctimas para que firmaran el convenio.

Uno de los documentos de indemnización, al que tuvo acceso este diario, tiene cláusulas en las que el beneficiario firma de “entera satisfacción” con la reparación de los “daños materiales e inmateriales”, desiste de buscar otra compensación por la vía legal y hace un acuerdo de “confidencialidad”, que le impide revelar el contenido del contrato a terceros. “Es una falta de respeto: lo que están diciendo es ‘si no firmas esto, no te entrego el cheque”, insiste Estupiñán sobre el documento, elaborado por el órgano que administra el metro y el Gobierno local. “Se están aprovechando de la vulnerabilidad de las víctimas para generar expedientes en los que el Sistema de Transporte Colectivo salga bien librado”, sostiene.

“Ha sido un proceso tortuoso, en un principio las atenciones que recibieron las víctimas fueron muy difusas”, señala el abogado. Estupiñán dice que el primer paso es garantizar que los afectados puedan recuperarse en términos económicos y en lo que respecta a su salud. Algunos familiares ya han recibido apoyos alimenticios y becas, y están en contacto permanente con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El equipo legal busca también que tengan acceso a la carpeta de investigación y a las pruebas que ha recabado la Fiscalía, así como que puedan participar en los juicios que se realicen contra los responsables. Además, han solicitado saber si la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una pesquisa sobre posibles hechos de corrupción alrededor de la Línea 12.

Estupiñán dice que aún no es el momento para buscar un aumento de las indemnizaciones con el Gobierno de Sheinbaum ni tampoco ha entablado ningún tipo de diálogo con el consorcio que construyó la Línea 12: ICA, Alstom y Grupo Carso, del magnate Carlos Slim y la encargada del tramo que se cayó. “No se nos han acercado y no parece que tengan intención de hacerlo pronto, tampoco parece que el Gobierno tenga esa intención”, asevera. Slim, Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunieron el martes en el Palacio Nacional sin que se hayan revelado detalles sobre lo que discutieron. La jefa de Gobierno dijo la semana pasada que iba a entablar un diálogo con las compañías y adelantó que buscará que paguen parte de los trabajos de rehabilitación de la línea.

“Lo que nosotros exigimos al consorcio constructor es que asuma la responsabilidad civil de su negligencia y que entregue una indemnización justa y consecuente con las ganancias que obtuvieron con esta obra”, comenta Estupiñán. “Desde hace tres administraciones, lo único que han hecho los constructores es ser los favoritos del Gobierno en turno y lo siguen siendo”, agrega el abogado, que señala al Gobierno y a los empresarios como “corresponsables”. La posición que han hecho pública ICA y Carso es que esperarán a que concluyan los peritajes. Alstom se ha deslindado, al argumentar que no estuvo involucrada en la edificación de la obra civil y que su participación se limitó a cuestiones operativas de la llamada línea dorada, inaugurada en octubre de 2012.

Estupiñán y el despacho estadounidense The Webster Law Firm ya preparan una demanda civil en EE UU contra las compañías implicadas, que se presentará tentativamente después de agosto, cuando está prevista la entrega del tercer y último peritaje técnico solicitado a la empresa noruega Det Norske Veritas. Lo más seguro es que se presente en una corte de Nueva York, una jurisdicción que se ha hecho notoria por sentar en el banquillo de los acusados a Joaquín El Chapo Guzmán o a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. El argumento legal es que las firmas tienen oficinas corporativas en ese país. “Estados Unidos es un sistema en el que no va a prevalecer ningún influyentismo y que históricamente ha castigado sin que le tiemble la mano y sin importar quien sea el responsable”, dice el abogado, aunque matiza que acudir a los tribunales estadounidenses no implica una falta de confianza en las instituciones mexicanas.

Estupiñán vislumbra que el litigio puede durar varios años en México y Estados Unidos, entre los procesos civiles, administrativos y, posiblemente, penales. “Es una batalla de David contra Goliat”, dice Estupiñán. “Nosotros tenemos la justicia y la verdad de nuestro lado, no le tenemos miedo al monstruo de industria que representan y las víctimas están dispuestas a llevar esto hasta las últimas instancias”.

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