La UE abre la vía para aplicar las primeras sanciones sectoriales con las que pretende golpear los cimientos económicos del régimen bielorruso. Los ministros europeos de Exteriores han pactado este lunes en Luxemburgo una batería de sanciones con repercusiones económicas, aunque su aplicación quedó pendiente del visto bueno del Consejo Europeo, que se reúne este jueves y viernes en Bruselas. Si la cumbre de líderes europeos da luz verde, el castigo comunitario se pondrá en marcha rápidamente y obligará al presidente del país, Alexandr Lukashenko, a someter a su población a graves penurias o a ponerse en manos del presidente ruso, Vladímir Putin, para recibir la ayuda. Además de dejar el terreno listo para este castigo económico, la UE ha aprobado ampliar la lista de dirigentes de Bielorrusia sancionados, a la que ha añadido 78 personas más, entre ellas, prominentes empresarios ligados al régimen de Lukashenko.

Las medidas aprobadas este lunes por el Consejo de ministros de Exteriores de la UE y en coordinación con el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos amplían la lista de sanciones, que ya sumaba 88 personas y siete empresas. Ahora se añaden otras 78 personas y ocho entidades en respuesta “a la escalada en las graves violaciones de derechos humanos en Bielorrusia”, según el comunicado del Consejo.

Las sanciones, según el Consejo, afectan “a varias figuras prominentes del sector empresarial que apoyan y se benefician del régimen de Lukashenko”. Se trata, añade el comunicado, “de una señal potente de que el respaldo al régimen tiene un coste sustancial”.

El endurecimiento del castigo europeo responde en gran parte al secuestro de un vuelo comercial el pasado 4 de junio, al que se obligó a aterrizar en Minsk, la capital bielorrusa, para detener a dos de sus pasajeros, el opositor bielorruso Roman Protasevich y su compañera, la ciudadana rusa Sofia Sapega. Las nuevas sanciones golpearán a los escasos sectores de la economía bielorrusa que pueden exportar, es decir, la producción de potasio, en la que el país es junto a Rusia el principal exportador a la UE, y los hidrocarburos. La penalización también abarcará al sector financiero para limitar el margen de maniobra del régimen.

“Llega un momento en que hay que tomar medidas más fuertes, que toquen de manera profunda el sector económico. Lo sentimos, eso va a afectar a la economía y a la población”, ha argumentado Josep Borrell, alto representante de Política Exterior de la UE, momentos antes de la reunión del Consejo de ministros de Exteriores de la UE que ha abordado la situación de Bielorrusia. El Consejo, celebrado en Luxemburgo, ha contado con la presencia de Svetlana Tijanóvskaya, líder de la oposición contra Lukashenko y firme partidaria de golpear económicamente al régimen que controla su país.

“Tijanóvskaya incluso nos ha pedido que seamos más duros, que congelemos bienes de empresas públicas y nos ha facilitado una lista de posibles objetivos”, ha indicado Borrell al término de la reunión del Consejo. El alto representante confía en que las sanciones económicas dobleguen a Lukashenko. “No es automático, no es seguro, pero pone presión, las sanciones económicas ponen muchísima presión”, ha señalado Borrell en rueda de prensa.

La UE es el segundo socio comercial de Bielorrusia, por detrás y a bastante distancia de Rusia. El volumen de la relación comercial es relativamente pequeño (unos 10.000 millones de euros anuales), pero hasta 2019 había aumentado un 45% en 10 años. Bruselas inició un acercamiento a Minsk, con una relajación de las sanciones anteriores, y Lukashenko buscó en la UE una alternativa a su temida dependencia de Putin.

Pero el idilio se rompió el año pasado. Lukashenko se proclamó vencedor en las elecciones generales celebradas en agosto, un resultado que no ha sido reconocido por la UE y que llevo a Tijanóvskaya, que también reclamaba la victoria en las urnas, a exiliarse en Lituania. El presunto pucherazo desencadenó una espiral de protestas y represión que ha condenado a Lukashenko al aislamiento internacional y a una oleada de sanciones desde la UE, EE UU o Reino Unido.

El castigo, hasta ahora, se había limitado a la sucesiva ampliación de la lista de dirigentes bielorrusos a los que se prohíbe la entrada en territorio de la UE y a quienes se congelan los bienes de que puedan disponer en alguno de los Estados miembros. El listado incluye ya, tras la ampliación pactada este lunes, a 166 personas, incluidas Lukashenko, y 15 entidades bielorrusas.

Pero Bruselas reconoce que el impacto de esas sanciones personales es bastante limitado, por lo que ha decidido reforzar el golpe con las sanciones sectoriales, un arma que la UE utiliza solo excepcionalmente para agravar la situación de los ciudadanos del país golpeado y para no infligir un daño a las empresas europeas.

En el caso de Lukashenko, la UE se ha sentido obligada a responder con dureza después del grave incidente aéreo y de la creciente represión. Borrell ha subrayado: “Hay más de 500 presos políticos [en Bielorrusia], hemos asistido al horrible espectáculo de un periodista [Roman Protasevich] que ha sido secuestrado, haciendo una especie de confesión estilo maoísta para decir ‘sí, soy culpable’ delante de las cámaras de televisión”. El jefe de la diplomacia europea considera que frente al régimen bielorruso “hay que utilizar todos los medios de los que dispongamos y las sanciones económicas están para eso”.

Apoyo a la sociedad civil
Los líderes de la Unión ya respaldaron el castigo económico durante la cumbre celebrada a finales de mayo. Desde entonces han avanzado los trabajos técnicos, aunque persistían las dudas sobre el riesgo de que la asfixia económica del país deje a Lukashenko aún más en manos de Putin. Bruselas sospecha que el presidente ruso intentará aprovechar esta crisis para anexionarse Bielorrusia, como ya hizo con Crimea en 2014.

“Algunos dicen que las sanciones dejan a Bielorrusia en manos de Rusia y en parte es cierto, pero hay que reaccionar”, apunta una fuente diplomática. La misma fuente aboga por compensar el mazazo económico “con un apoyo decidido a la sociedad civil”. La Comisión Europea mantiene la oferta de un programa de ayudas de 3.000 millones de euros, pero está supeditado a una transición democrática que parece imposible con Lukashenko al frente del Gobierno bielorruso y con Putin como su principal padrino.

Otra fuente diplomática añade que “la deriva hacia Rusia ya estaba en marcha, con independencia de las nuevas sanciones económicas”. La misma fuente apunta: “Lukashenko se piensa que él es Bielorrusia, pero no es así”. Y confía en la reacción popular frente al autoproclamado líder del país y a las tentaciones expansionistas del Kremlin.