Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.Cuartoscuro

En medio de reproches de algunos legisladores, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), Santiago Nieto Castillo, declinó este martes revelar datos y documentos que prueban sus acusaciones de la fortuna que amasó ilegalmente el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

A pesar de que algunos diputados le insistieron -en un encuentro privado- que ya la propia UIF y la Fiscalía General de la República (FGR) han “filtrado” diversos expedientes a medios de comunicación, el funcionario argumentó que “no les puedo decir nada” porque quiere “cuidar el debido proceso” judicial en contra del acusado.

Consideró que “no es el momento procesal debido”. También el representante de la FGR se negó a compartir información con los legisladores. Los funcionarios escucharon los posicionamientos de los grupos parlamentarios y se concluyó la reunión.

Apenas la semana pasada, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió desde Palacio Nacional que se hiciera público el expediente.

Por eso, al término de la reunión con Santiago Nieto, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, sostuvo que hay “un interés nacional. Se ha hablado mucho, se ha hablado incluso de que hay una persecución política, por lo que no hay nada como transparentar todo”.

“Es lo mejor hacerlo público, manifestarlo abiertamente y que se despeje cualquier duda de que pudiera haber una persecución política o un linchamiento en contra de esta persona”, justificó.

Sin embargo, el legislador expresó su respeto a los funcionarios y afirmó que “ellos consideraron que no se puede romper con el sigilo de una investigación que, al ser parte actora en este proceso, no es oportuno manifestar ninguna declaración que sea pública, que pueda poner en riesgo el debido proceso o que violente algunos de los derechos de esta persona que está presuntamente señalada en algunos delitos”.

Mier Velazco indicó que “será la Sección Instructora de la Cámara de Diputados la que va a determinar cuál es el momento procesal en que se pueda hacer pública esta información”.

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