Un grupo de mujeres durante una protesta, el 18 de enero de 2020 en Santiago de Chile.EDGARD GARRIDO / REUTERS

Un nuevo Día Internacional de la Mujer encuentra a Chile en un punto de inflexión histórico, una de las coyunturas más significativas para el feminismo y el futuro de niñas y mujeres. Se redactará una nueva constitución que sentará las bases para un nuevo contrato social, justo cuando los impactos de la pandemia de la COVID-19 han visibilizado y agudizado las expresiones más claras de la desigualdad entre mujeres y hombres. Se abre una oportunidad que pondrá a prueba la capacidad de las mujeres, y del feminismo, de pasar de la movilización callejera a las propuestas de transformación.

La conmemoración de este 8 de marzo se produce no solo en medio de una inédita campaña electoral, que permitirá elegir la primera Convención Constitucional en la historia del país, sino también en medio de una intensa movilización feminista que no ha dejado de crecer desde el 2018. Ese año se inició un ciclo de protestas en contra de la violencia de género, el acoso sexual y el sexismo, empujado primero por estudiantes universitarias, fue paulatinamente extendiéndose a mujeres de distintos ámbitos, logrando un amplio impacto social, modificando el debate público y la agenda de prioridades en materia de igualdad de género.

Así, en marzo del 2019 se logró la movilización de mujeres más grande en la historia del país, con más de dos millones marchando en sus ciudades. Una señal y un paso anterior a la llamada “revuelta social” de octubre de ese año, donde el feminismo y las mujeres volvieron a ser protagonistas, siendo impulsoras y partícipes de una gran gama de expresiones colectivas. Luego de meses de protestas, en marzo del 2020 -antes que el impacto de la pandemia se hiciera sentir- las mujeres volvieron a copar las calles. La movilización del 8 de marzo de ese año demostró la transversalidad que el feminismo estaba logrando, así como la capacidad de las mujeres de manifestarse pacíficamente en un contexto político y social altamente convulsionado.

A lo largo de estos años, la creatividad, masividad y heterogeneidad del accionar colectivo de las mujeres no ha dejado de sorprender. Desde la performance del colectivo Las Tesis que dio la vuelta al mundo y convocó a miles de mujeres, a la exitosa estrategia transversal desde dentro y fuera de las instituciones políticas, que logro conquistar la paridad de género para la elección de la constituyente; la demanda y discusión por mayor igualdad en la toma de decisiones y en los frutos del desarrollo no ha salido de la primera línea de discusión. Todo ello mientras el vocablo feminismo y la identidad feminista, han pasado desde los márgenes a la corriente principal, desde pequeños grupos de mujeres intelectuales y académicas en las universidades y activistas en la sociedad civil, a estar presente en los partidos políticos de casi todo el espectro ideológico, los medios de comunicación masiva, la sociedad en su conjunto.

En este contexto, el mecanismo de paridad aprobado después que el itinerario constitucional fuera acordado por la mayoría de los partidos con representación en el Congreso en noviembre de 2019, definió que en la elección del próximo 11 de abril las mujeres encabecen por primera vez todas las listas y constituyan el 50% de las candidaturas. Esto implica que, de las 1356 candidatas y candidatos para la Convención, las mujeres son 690; todos y todas compitiendo por escasos 155 escaños. Pero a diferencia de las todas las otras elecciones, incluyendo las que se realizarán de manera concurrente con la constituyente, para gobernadores regionales, alcaldes y concejales municipales, donde no existe la obligación de aplicar cuotas o paridad, la paridad asegurará no solo un equilibrio en la competencia, sino que un resultado equilibrado. La elección de convencionales se realizará asegurando que en cada uno de los 28 distritos se elija mitad mujeres y mitad hombres, si se trata de distritos pares, y una diferencia máxima de una persona más de un mismo sexo en distritos impares.

El feminismo y las feministas están siendo protagonistas en la campaña y debate constitucional. Cientos de activistas independientes, dirigentas sociales de un amplio espectro de movimientos, además de académicas y militantes de partidos están promoviendo una nueva constitución feminista. Candidatas autoproclamadas feministas desde los partidos de derecha a los de izquierda, pasando por todas las múltiples corrientes y tendencias que se han presentado en lo que será una elección también inédita en términos de dispersión electoral. La fragmentación del voto resultante implicará que una sola corriente no podrá capitalizar la representación del diverso movimiento feminista, sin embargo, la misma sumada al mecanismo de paridad, asegurará que entre el 50% de mujeres electas habrá feministas empujando la igualdad en prácticamente todas las bancadas.

La oportunidad que se abre con la posibilidad de que las mujeres sean protagonistas de la redacción constitucional implica poder proponer transformaciones en el marco regulatorio que enfrenten y posibiliten desmantelar parte de las múltiples desigualdades que las chilenas siguen enfrentando. El Índice Mundial de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD arrojaba una brecha en desmedro de las mujeres en 2018. Una diferencia en un índice compuesto donde la diferencia de ingresos es la dimensión clave para explicar la desigualdad, con un ingreso nacional bruto per cápita de casi 29.000 dólares para los hombres y solo de 15.200 dólares para las mujeres. Estas brechas están siendo agravadas por la pandemia y sus efectos en los mercados de trabajo, y en la capacidad de las mujeres de buscar empleo considerando la sobre carga de trabajo de cuidado que han debido enfrentar.

Este 8 de marzo será una nueva prueba de fuego para las mujeres organizadas por la igualdad en Chile. Está por verse si lograrán sostener sus niveles de movilización masiva considerando los riesgos de una pandemia que no cede, el contexto electoral y el tiempo que ha trascurrido desde la primavera feminista. Pero más allá de una movilización puntual, marzo abre una etapa donde el principal desafío será pasar de la protesta a las propuestas. Pondrá a prueba la capacidad de feministas de todos los sectores de replicar y expandir el triunfo que lograron con la paridad, para incidir en la discusión constitucional que permita consagrar derechos, fortalecer una institucionalidad que garantice su pleno ejercicio, y un modelo de desarrollo que habilite mercados de trabajo y sistemas de protección social construidos a partir de un paradigma igualitario y con enfoque de género. En síntesis, está por verse si la promesa de una constitución feminista se logra materializar.

Marcela Ríos Tobar es politóloga, representante residente adjunta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile

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