El Gobierno de Daniel Ortega no ha cumplido con 14 recomendaciones emitidas por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tras la crisis política de 2018, cuando el exguerrillero sandinista desató una brutal represión contra las manifestaciones que exigían el fin de su mandato. En un informe publicado este lunes, la OACNUDH cataloga de “deficiente” la respuesta gubernamental ante sus recomendaciones y advierte de que en el país centroamericano se siguen cometiendo violaciones a las libertades civiles, incluyendo arrestos y detenciones arbitrarios de personas percibidas como opositoras al Gobierno y limitaciones en el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación.
La Oficina de la ONU emitió en 2018 un demoledor informe contra el régimen, acusándolo de cometer violaciones generalizadas de los derechos humanos, incluyendo arrestos arbitrarios de manifestantes por parte de las huestes armadas bajo órdenes de Ortega. Algunas de estas personas detenidas de forma arbitraría fueron luego violadas y torturadas bajo custodia. El documento alertaba, además, del uso desproporcionado de la fuerza y de ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía, desapariciones, detenciones arbitrarias generalizadas e instancias de tortura y violencia sexual en centros de detención. El grado de represión “tan alto”, continuaba, ha forzado al exilio a ciudadanos por el simple hecho de expresar opiniones contrarias al líder sandinista.
Tras la publicación del documento, la OACNUDH emitió 14 recomendaciones al Estado nicaragüense para mejorar las condiciones de los derechos humanos en el país, pero “la Oficina ha observado que el Gobierno ha implementado pocas medidas sin mostrar, lamentablemente, avances notables hasta el momento”, advierte el organismo. Según el informe presentado este lunes, el Gobierno solo ha “cumplido parcialmente” con poner fin a las detenciones y liberar a todas las personas “privadas arbitrariamente de libertad” en el contexto de las protestas o por manifestar opiniones críticas con el régimen. La OACHUDH reconoce que desde el 30 de diciembre de 2019, “el Gobierno ha otorgado medidas alternativas a la detención a 86 hombres y 9 mujeres”, pero afirma que, según cifras de la sociedad civil nicaragüense, “a diciembre de 2020 al menos 106 personas (103 hombres y 3 mujeres) que participaron en las protestas o que fueron percibidas como opositoras continuaban privadas arbitrariamente de su libertad”.
El informe también advierte que “los arrestos y detenciones arbitrarios de personas percibidas como opositoras al gobierno continuaron. Actualmente, el patrón principal consiste en breves detenciones policiales, tras las cuales las personas detenidas son puestas en libertad dentro de las 24 horas siguientes sin ser presentados a las autoridades judiciales”.
El organismo, además, alerta de las continuas violaciones a las libertades civiles, incluyendo la libertad de expresión. “La Policía Nacional ha impedido sistemáticamente las manifestaciones públicas de personas o grupos críticos con el Gobierno. En al menos seis casos, la ONU registró que los agentes de policía recurrieron al uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, causando lesiones menores a manifestantes y periodistas. Desde el 1 de agosto de 2019, la OACNUDH documentó 83 casos de ataques, amenazas, acoso y actos de intimidación por parte de agentes de policía y elementos progubernamentales contra defensores y defensoras de derechos humanos. Además, registró 30 casos en los que las víctimas fueron periodistas o trabajadores y trabajadoras de los medios. Cuatro medios de comunicación sufrieron allanamientos, destrucción de equipos o sanciones administrativas”, resalta el documento.
El Gobierno de Ortega tampoco ha investigado y enjuiciado a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión contra las protestas de 2018, ni ha garantizado el acceso a la justicia y reparación a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Por el contrario, la OACNUDH lamenta la aprobación de una amnistía que, afirma, “allanó el camino a la impunidad de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos”.
En ese contexto, a la ONU le preocupa que el Gobierno siga negando la existencia de grupos armados paraestatales y “turbas violentas” que participaron la represión de las manifestaciones. “Desde el 1 de agosto de 2019, la OACNUDH ha documentado por lo menos 11 casos (incluido un asesinato) en los que partidarios del Gobierno atacaron físicamente y/o amenazaron a personas percibidas como opositoras. En la mayoría de esos casos, los autores vestían los colores o portaban banderas del partido gobernante y las violaciones se produjeron con la tolerancia de los agentes de policía que no impidieron ni detuvieron los ataques”, alerta el informe.
Otra de las recomendaciones incumplidas es la reactivación de un diálogo inclusivo con la oposición, así como implementar reformas electorales para garantizar unas elecciones justas y transparentes. Nicaragua celebrará comicios generales en 2022, con Ortega controlando todo el sistema electoral.
En las conclusiones del informe, la OACNUDH solicita al Gobierno que autorice la entrada al país de una misión del organismo, una solicitud hecha desde septiembre de 2020, antes de la presentación de un nuevo informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Ello permitiría realizar una evaluación más profunda de los progresos y los desafíos relativos a la situación de los derechos humanos en Nicaragua”, concluye la OACNUDH.
