Una madre carga a su hijos enfermo de cáncer en Ciudad de México.DANIEL AUGUSTO / CUARTOSCURO

México se enfrenta a otra pandemia, la del cáncer, que deja en evidencia las desigualdades sociales que desgarran al país y que se ha convertido en la tercera causa de muerte. Los fallecimientos se han duplicado en 20 años, al pasar de 41.000 muertes en 1990 a 89.000 en 2019. “El incremento del número de casos de cáncer en México es espeluznante y las proyecciones son preocupantes”, advierte sin matices la académica Laura Flamand, coautora de un informe publicado por El Colegio de México que subraya la disparidad en el acceso a tratamientos entre ricos y pobres.

Las tres ciudades más ricas —Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara— acaparan el 60% de los especialistas en oncología. Es más probable que un paciente se muera en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Yucatán y Veracruz —los estados más pobres—, que en la capital, Nuevo León, Sinaloa o Baja California. México no cuenta con un programa nacional de atención y control del cáncer, por lo que el acceso a los servicios se convierte en un suplicio para los pacientes.

Aunque la creación de un organismo que coordine las políticas sanitarias para prevenir y luchar contra el cáncer es una recomendación de instancias internacionales como la Organización Mundial de Salud (OMS), la investigación del Colmex —titulada Cáncer y desigualdades sociales en México— revela que en el país ha habido falta de voluntad política para crearlo. A eso se suma, según el informe, “la fragmentación del sistema nacional de salud, dudas sobre quién liderará la estrategia, la escasez de recursos de todo tipo, así como su distribución desigual en el territorio y, finalmente, la falta de información precisa por el incipiente desarrollo de la Red Nacional de Registros de Cáncer”.

Quienes cuentan con afiliación al IMSS o al ISSSTE tienen el privilegio de acceder al tratamiento comparado con el 50% de la población que trabaja en el sector informal y que no cuenta con ningún tipo de seguridad social. “El costo de los tratamientos puede llevar a una familia a perder hasta propiedades”, explica Flamand. Hasta enero del año pasado los mexicanos que no estaban afiliados a programas de seguridad social tenían con el apoyo del Seguro Popular, una iniciativa creada en 2003 que contaba con un financiamiento adicional para “gastos catastróficos”, que cubría el tratamiento para todo tipo de cáncer en menores de edad y ocho tipos en personas adultas. Esa institución desapareció en enero de 2020 por las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió crear un nuevo sistema de salud gratuito y universal. Así surgió el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

“El Insabi surge sin trabajo preparatorio previo, no se firman convenios con gobiernos estatales y la transición ha creado mucha incertidumbre en los pacientes, que no saben a qué tienen derecho”, explica Flamand, que afirma que en las entrevistas que hizo al personal médico para su investigación demostraron la preocupación por la situación de los enfermos de cáncer, que incluía el desabasto de medicinas. “Dijeron que es como regresar 30 años en la atención de pacientes oncológicos. Es verdaderamente grave”, afirma.

“El Seguro Popular era una ventaja en términos al aseguramiento financiero, pero era limitado y se montó haciendo transferencias a los gobiernos estatales, que comprobaban cada mes el número de personas afiliadas y se les trasfería un monto por personas, pero hubo mal manejo de los recursos. También había mucho retraso para que se pagara a los sistemas estatales los fondos: recibías un paciente y luego tenías que presentar el caso al seguro popular para que reembolsara y ese proceso podía tardar hasta un año. El seguro se fue progresivamente contaminando de prácticas de corrupción y siempre estuvo limitado”, explica Flamand.

En México fallecen 14 de cada 100 personas anualmente por el cáncer. La esperanza de vida de quienes la padecen es de 63 años y se registran 376.000 personas que la sufren. Muchos han encontrado alivio en iniciativas privadas como el Frente Unido por el Cáncer de Pulmón, un esfuerzo creado por las fundaciones de Alba, Salvati y Respirando con Valor. “El cáncer es un problema muy complejo y determinante importante es la vulnerabilidad de personas en situación de marginación por sus condiciones económicas, sociales, incluso de etnia. No solo se trata de la pérdida de salud, sino del empleo, de deserción escolar, de gastos y de movilidad social, porque muchas personas tienen que moverse a centros donde pueden recibir atención de calidad”, explica Miryana Pérez-Vela Nieto, directora de programas en Fundación de Alba. Ese organismo atendió en 2020 a 150 personas que padecen cáncer y a pesar de sus esfuerzos saben que no es suficiente, por lo que instan a la creación de un plan nacional para prevenir y luchar contra la enfermedad. “Hay buenos esfuerzos como el INCAN [Instituto Nacional de Cancerología], una institución seria, con el mejor personal, que ha tomado el liderazgo, no estamos en ceros; pero no hay un organismo que organiza a todos estos actores”, dice Pérez-Vela.

La falta de liderazgo hace que tampoco se cuente con una estrategia de prevención, lo que agudiza la tragedia: el 70% de casos de cáncer de mama se detecta de forma tardía, en muchos casos cuando ya es muy tarde para las pacientes. El de mama es la primera causa de muerte por cáncer, según el informe del Colmex: 6.884 mujeres fallecieron por ese cáncer en 2018. “Se debe invertir en políticas de prevención temprana, que incluyan propiedad cultural, porque en las poblaciones indígenas hay mucho estigma con medidas preventivas como aplicar vacunas de papiloma. También debe haber campañas de información muy cuidadosas, porque las mujeres con baja escolaridad se involucran menos en revisar sus senos cada mes”, advierte Flamand, que apoya su recomendación en los datos de la OMS, que afirma que es posible evitar el 40% de las muertes por cáncer con prevención temprana incluso en países como México, donde faltan los recursos para luchar contra ella.

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