La Iniciativa Privada advirtió del riesgo que hay en el alza de los costos laborales y en los precios de los productos si se prohíbe el outsourcing y no se limita la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).
Para evitar distorsiones, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y la Concanaco-Servytur, propusieron poner un tope de un mes de salario como pago de utilidades, así como un esquema diferenciado que otorgue más utilidades a los trabajadores de menores ingresos, y no contemple a los de confianza o de más alto rango, pues reciben bonos.
Vicente Yañez, presidente de la ANTAD, señaló que no se debe olvidar que la eliminación de la subcontratación se da en un contexto de aumentos al salario mínimo y de una reforma de pensiones que aumenta la cuota patronal.
“El aumento del salario mínimo ha supuesto un reto sin precedentes con el objetivo de alcanzar la línea de bienestar, y ha marcado línea en revisiones por encima de la inflación, en un contexto económico complicado se corre el riesgo de incremento de precios en productos”, advirtió.
José Manuel López Campos, presidente de Concanaco-Servytur, planteó que haya gradualidad en la entrada en vigor de la reforma de subcontratación.
Alfonso Bouzas, investigador de la UNAM, consideró que “lo que conviene discutir son las excepciones: empresas de capital intensivo donde el factor trabajo es muy bajo y el monto de utilidades puede resultar desproporcionado”.
Hugo Ítalo, catedrático de la UNAM, afirmó que “si la legislación hace desaparecer formalmente el outsourcing, de todos modos va a existir, no podemos ir en contra de la evolución del derecho, nos debemos oponer a que esa evolución sea disfrazada o falsa”.