La ‘mano dura’ del presidente Andrés Manuel López Obrador contra las empresas de energía extranjeras está paralizando proyectos y revirtiendo un proceso que hasta hace poco convertía al país en uno de los mercados de petróleo y renovables más atractivos del mundo.
Unos 200 parques eólicos, plantas de gas natural, paneles solares y otros proyectos se han estancado, según documentos gubernamentales, luego de que López Obrador ordenara detener los permisos, lo que agravó lo que ya era un largo proceso burocrático.
El gigante renovable Iberdrola pospuso nuevas inversiones en México, mientras que AES pospuso un acuerdo por un parque eólico de 400 millones de dólares debido a problemas de permisos, según tres personas familiarizadas con el asunto.
En el sector del petróleo y el gas, una industria ya obstaculizada por el exceso de oferta, los precios débiles y una transición acelerada de los combustibles fósiles, las subastas de licencias de perforación en aguas profundas se suspendieron desde que el mandatario nacional asumió el poder a fines de 2018.
Mientras tanto, uno de los mayores descubrimientos petroleros privados de México está ‘en el limbo’ en medio de prolongadas conversaciones de propiedad entre el perforador y Petróleos Mexicanos (Pemex).
En el centro de la política se encuentra la estrategia energética del mandatario, que apunta a dar prioridad a las empresas estatales a expensas de los operadores privados.
El presidente ha dicho en repetidas ocasiones que está considerando cambiar la constitución para revertir la apertura del país a los inversores extranjeros, un paso histórico dado en 2014 bajo la administración anterior que puso fin a más de 75 años de monopolio estatal en el sector energético.
El “objetivo claro de López Obrador es cambiar las reglas del juego para que el estado una vez más tenga la ventaja y pueda dictar los términos en los que el dinero privado ingresa al sistema”, dijo Duncan Wood, director del Instituto de México del Wilson Center. “Todo apunta a que quiere cerrar el sistema nuevamente”.
‘Gran golpe’
Las cancelaciones y las inversiones estancadas están presionando a los mexicanos que contaban con proyectos de este tipo para generar empleo y crecimiento, ya que la economía enfrenta su mayor contracción en casi un siglo.
Cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se negó a suministrar gas para la central eléctrica planificada de Iberdrola de mil 200 millones de dólares en Tuxpan, la ciudad portuaria veracruzana sufrió un “gran golpe”, indicó el alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha.
“Esta fue una inversión importante que iba a generar más de 2 mil puestos de trabajo, que iba a dar nueva vida a nuestra región, nuestra ciudad”, afirmó Aguilar Mancha, miembro del PAN.
Dos años después de su administración, la estrategia de AMLO para la industria energética contrasta con su enfoque conservador de gran parte de la política económica del Gobierno, desde ajustar el presupuesto hasta apoyar un nuevo acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.
Luego de un compromiso para revivir a Pemex y a la CFE, López Obrador está jugando cada vez más duro con las empresas privadas, particularmente con los grupos extranjeros. Los cambios regulatorios y los retrasos en los permisos se encuentran entre las medidas implementadas para sofocar la competencia. El presidente también ha calificado públicamente a Iberdrola y al explorador petrolero Repsol como monopolios virtuales.
Fuerte acumulación
La acumulación de proyectos estancados se ha disparado drásticamente desde que López Obrador asumió el cargo. Seis meses antes de su inauguración, había menos de 30 proyectos retenidos más allá de la ventana legal.
A mediados de octubre de este año, esa cifra era de alrededor de 200, aproximadamente la mitad de los cuales se solicitaron en 2019, meses antes de que surgiera el COVID-19. Desde octubre, los reguladores han dado luz verde a algunos proyectos, pero no han revelado la escala de las aprobaciones.
Como resultado, el clima de inversión energética de México se está deteriorando rápidamente. Durante su primer año en el cargo, la inversión extranjera directa en todo tipo de proyectos energéticos se desplomó en más de un 60 por ciento a 2 mil 250 millones de dólares, mostraron cifras de la Secretaría de Economía.
En los primeros tres trimestres de 2020, se desplomó a 1.3 mil millones de dólares.
Los inversionistas ahora dudan mucho sobre comprometer dinero en México debido a preocupaciones sobre el estado de derecho y la falta de independencia regulatoria, dijeron dos ejecutivos que no quisieron ser nombrados por temor a represalias del Gobierno.
La Oficina de Presidencia y AES declinaron hacer comentarios. La Comisión Reguladora de Energía indicó que permitir retrasos “derivados de la suspensión de plazos y términos legales” impuestos en respuesta a la pandemia.
Sin embargo, a algunas empresas extranjeras que no compiten directamente con empresas estatales les resulta más fácil hacer negocios, según Doug Shanda, director ejecutivo de Mexico Pacific, que está construyendo una terminal de exportación de gas en Sonora.
El regulador aprobó rápidamente el permiso del oleoducto de México Pacífico en mayo, incluso con una reducción de personal debido a la pandemia, dijo Shanda en una entrevista. La agencia reguladora “solo se reunía cada dos meses”, mencionó.
El destino de Zama
El gigante energético francés Electricite de France (EDF) ha estado esperando cerca de un año por un permiso de impacto social que necesita para construir un parque eólico de 300 megavatios. Pero la oficina de la Secretaría de Energía que emite tales cosas ha sido cerrada por la pandemia y no planea reabrir hasta el próximo año.
Por otra parte, Cubico Sustainable Investments, propiedad de dos de los fondos de pensiones más grandes de Canadá, canceló un par de proyectos renovables después de problemas regulatorios, según personas familiarizadas con la situación.
EDF declaró que “sigue escrupulosamente los procedimientos mexicanos e internacionales de consulta con las comunidades, asociaciones y autoridades locales”. El permiso de impacto social se retrasó porque el brote de COVID-19 obstaculizó los esfuerzos para obtener comentarios del público, dio a conocer la compañía. En cuanto a Cubico, un vocero declinó hacer comentarios.
En el sector petrolero, el desarrollo del descubrimiento de Zama se ha ralentizado después de que la Secretaría de Energía ordenó a Talos Energy, con sede en Houston, y a sus socios fusionar el hallazgo con el campo superpuesto Uchukil propiedad de Pemex.
El futuro de la industria
Con miles de millones de dólares en juego, el grupo liderado por Talos y Pemex han estado en desacuerdo durante meses sobre qué entidad puede reclamar la mayor parte de las reservas.
Si no se llega a un acuerdo antes de la fecha límite de principios de enero, la Secretaría de Energía puede decidir por ellos. El enfrentamiento está siendo observado de cerca en toda la industria debido a sus implicaciones para otros exploradores extranjeros.
“Hasta este punto hemos tomado todo el riesgo, gastado todo el capital y encontrado todo el petróleo, y estamos listos para trabajar con Pemex para avanzar en el desarrollo de este proyecto para que haya una línea de visión en la primera producción”, afirmó el CEO de Talos, Tim Duncan, en un correo electrónico. Pemex no respondió a las solicitudes de comentarios.
“El problema es mucho más grande que la propia Zama”, aseguró David Enríquez, socio del bufete de abogados Goodrich Riquelme y Asociados. “Lo que está en riesgo es el futuro de la industria, y si el Gobierno mexicano adopta un enfoque nacionalista o pragmático y hace lo mejor para el país”.