El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debería de permanecer convaleciente en la Casa Blanca tras haber estado hospitalizado el pasado fin de semana por coronavirus. Sin embargo, el mandatario, que se dio de alta voluntariamente, mantiene un tono desafiante en la campaña que le ha llevado a declarar este jueves que no participará en el próximo debate presidencial si se realiza de forma virtual.
Rompiendo las normas de la campaña y desoyendo a la Comisión de Debates Electorales –la instancia que ha dictado que el segundo debate sea virtual–, Trump ha declarado que considera “una pérdida de tiempo” un encuentro de esas características y no intervendrá en él. En opinión del republicano, lo que la comisión intenta hacer con esta decisión es “proteger” al candidato demócrata, Joe Biden.
“No es aceptable para mi campaña”, ha dicho el mandatario en una entrevista concedida al canal económico de la cadena Fox. “Eso no es un debate. Sentarse tras un ordenador y debatir, es ridículo”. El presidente ha insistido en que no es “contagioso” y que si el 15 de octubre, el día en que está previsto el segundo encuentro de candidatos presidenciales, el debate es finalmente virtual, él empleará ese tiempo para hacer un acto de campaña.
El comité de campaña de Biden, que en los últimos días se ha mostrado preocupado por la seguridad del debate debido a que se producirá menos de dos semanas después de que Trump diese positivo por coronavirus, ha dicho que el exvicepresidente sí participaría de manera virtual. Biden ya había asegurado que seguiría las recomendaciones de seguridad sanitaria que dictasen los organizadores del evento y los expertos en salud.
La postura desafiante de Trump es todo un órdago a la legitimidad de la comisión que regula los debates presidenciales desde que fue fundada en 1987. No existe una ley que diga que los presidentes deben debatir, solo la tradición y las normas establecidas con la práctica a lo largo de los años han ido marcando el camino. Como tantas otras instituciones políticas en los últimos cuatro años, la Comisión para los Debates Presidenciales deberá mantener ahora un pulso no deseado con el mandatario de la nación.
