Emilio Lozoya llegará en días próximos a México y lo hará como testigo protegido del gobierno de André Manuel López Obrador que busca desenmarañar los casos Odebrecht o Agronitrogenados.
Las leyes mexicanas tienen supuestos que podrían beneficiar al exdirector de Pemex para seguir su proceso en libertad, que se le retiren los cargos que se le imputan u obtener una reducción de la pena.
La extradición se aceleró cuando Lozoya aceptó su entrega, tras pactar con el gobierno dar información de la corrupción en el gobierno de Enrique Peña, a cambio de beneficios procesales para él y su familia.
Lozoya enfrenta cuatro cargos, tres relacionados con el caso Odebrecht (lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho) y uno más por el caso Agronirrogenados (lavado de dinero). Para ninguno se prevé la prisión preventiva oficiosa.
Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Lozoya; Gilda Susana Lozoya Austin, su hermana; así como Marielle Helene Eckes, esposa del exfuncionario, son coimputadas de esos delitos.
Alejandro Gertz, titular de la Fiscalía General de la República, dijo en días pasados a El Financiero-Bloomberg que los beneficios procesales que se den a Lozoya dependerán del tipo y calidad de información que aporte. Ello abre la posibilidad de que siga en libertad su proceso; el Ministerio Público de la Federación será clave en ello ya que es el facultado para solicitar al juez una medida cautelar alterna o la prisión preventiva justificada.
De acuerdo con las leyes mexicanas Lozoya puede acceder a los beneficios de los criterios de oportunidad. Con base en éstos y dependiendo del tipo de información que aporte, podría seguir su proceso en libertad, e incluso, que la FGR se desista de la acusación en su contra o en su caso que se le imponga una condena menor.
Según el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales los beneficios procesales serán procedentes si el imputado aporta información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa.
La expectativa que se ha creado es que Lozoya pueda aportar información que permita imputar a personajes de mayor jerarquía, es decir, algún exsecretario de Estado o al propio expresidente.
