El presidente está empeñado en consolidar su poder y abandonar la implementación de políticas públicas para atacar los viejos problemas del país. Sus lemas de campaña, “por el bien de México, primero los pobres”, “combate a la corrupción con el ejemplo” acabaron en la basura.
El grave error de no apoyar a trabajadores informales con un plan nacional alimentario y de rescate a la economía, han provocado más 12 millones de desempleados y el cierre de 10 mil pequeñas y medianas empresas, pone en riesgo una rápida recuperación de la economía nacional, que algunos economistas calculan hasta mediados del 2022.
Paralizada la economía por la pandemia y su pésimo manejo, han provocado una caída en la recaudación tributaria, el gobierno no tiene dinero para la magnitud de los problemas que tiene enfrente. El promedio en la recaudación tributaria en América Latina es del 20% del producto interno bruto (PIB), en México es apenas del 14%. El impuesto sobre la renta y el IVA se van a desplomar.
La única salida viable es aumentar las contribuciones, pero López Obrador ha sido muy claro, no quiere aumentar impuestos a los más ricos, lo sigue repitiendo, la razón fue obvia, necesitaba el apoyo de los poderosos capitalistas para ganar votos.
No apoyar a los trabajadores, ni a los pequeños empresarios y no aumentar impuestos a los grandes capitalistas, son pruebas de la verdadera cara del gobierno de la 4ta Transformación, AMLO es un férreo defensor del neoliberalismo, la economía nacional es extraordinariamente abierta y dependemos totalmente del comercio exterior y la firma del T-MEC lo confirma.
Sus nulos resultados provocados por la falta de un plan de nación que incluya a todos los ciudadanos, su terquedad por aplicar medidas extremas de austeridad que solo llevan a ahorcar el trabajo de las dependencias federales, su falta de autocrítica, los escándalos de corrupción de los miembros de su gabinete, han provocado una embestida legítima de críticas a un gobierno que ha fracasado.
Las “defunciones COVID registradas” por el Sistema Nacional de Salud y dadas a conocer por su vocero, Hugo López Gatell, resultaron menores en 46.7 % a las registradas por el Registro Nacional de Población, órgano de la Secretaría de Gobernación, una tragedia que no se puede ocultar, miles de mexicanos muertos por la irresponsabilidad del gobierno.
El banco de Bienestar, (cuenta con 433 sucursales) institución gubernamental encargada de repartir en efectivo dinero de programas sociales, de enero a mayo de este año, ha sufrido 150 robos, registra un promedio de 3 incidentes por semana. En septiembre del año pasado, la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, informó sobre siete robos por 20 millones de pesos a empresas de valores que trabajan para Bienestar.
Expertos en traslados de valores, advierten que el uso de dinero en efectivo en programas sociales fomenta las actividades criminales. El gobierno federal planea construir 1350 sucursales este año.
En la Secretaría de Economía, por austeridad, se les ordena a los empleados que trabajen en su computadora personal y que si no cuentan con una, pueden pagar 4 mil pesos para adquirir la que usan en las oficinas.
El 23 de abril de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto de 11 medidas de austeridad entre las que se incluyen no ejercer el 75% del presupuesto de las partidas de servicios generales y materiales y suministros.
La propuesta de un nuevo proyecto de país debe incluir los intereses y derechos legítimos de todos los sectores sociales, que no se atropelle los derechos de unos en beneficio de otros, esta es una condición indispensable para formar un frente único.
El pueblo trabajador debe sentir que sus aspiraciones a una vida mejor las recoge el nuevo proyecto, que detalle las políticas de gobierno, su libertad para participar y vigilar con puntualidad el cumplimiento del proyecto.
En ese sentido, el Movimiento Antorchista como fuerza popular organizada, planteamos una sola demanda: un reparto más equitativo de la renta nacional. Que incluya, una política fiscal progresiva para que el gobierno tenga los recursos necesarios para aplicar medidas urgentes como vivienda, salud, educación, deporte y cultura. Crear empleos para todos y aumentar los salarios para alcanzar una vida digna a las familias trabajadoras. Solo así, se garantizará la participación decidida y segura del pueblo en la difícil lucha que se avecina.

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