Entre 2013 y 2014, la división de Asuntos Internos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) dejó sin justificar 102 millones de pesos —7,8 millones de dólares de la época— de una partida para asuntos de seguridad, según una investigación de la propia dependencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Aunque el uso de estos fondos tiene carácter reservado, la dependencia, entonces bajo la gestión de Jesús Murillo Karam, debe justificar su empleo de manera interna, cosa que no se hizo de manera adecuada, según la citada investigación. Además, los investigadores detectaron movimientos extraños en la entrada y salida del dinero de las cuentas de Asuntos Internos: ingresos puntuales, casi todos por cinco millones de pesos, y retiros en efectivo por la misma cantidad dos o tres días más tarde.
Según las pesquisas, Asuntos Internos de la PGR pasó de gastar 600.000 pesos en 2011 y dos millones en 2012 a 73 millones en 2013 y 71 millones en 2014. En total, 144 millones, un aumento del 3.400%. Esta partida generalmente se emplea para pagar confidentes, operativos y otros gastos relacionados con seguridad pública y nacional. Ni la Auditoría Superior de la Federación, ni la Secretaría de la Función Pública tienen acceso al detalle de cómo se usó el dinero. Pese al aumento anormal del gasto, los resultados de Asuntos Internos no mejoraron respecto de otros años ni se atendieron más casos en este periodo, según la investigación.
La encargada de aprobar los depósitos en las cuentas de Asuntos Internos fue la oficial mayor de la PGR, Aracely Gómez. En febrero, Gómez fue noticia en México cuando trascendió un proceso judicial en su contra, por la presunta compra con sobreprecio de un avión para la dependencia. A cambio, Gómez, que ha acompañado a Murillo durante su trayectoria política, recibió la patente de una notaría.
La actual administración de la Fiscalía General de la República ha reactivado esta investigación, abandonada en los años de Peña Nieto. “Va muy avanzada. No tardaremos en judicializarla”, ha dicho un vocero de la dependencia. En la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda conocen igualmente el contenido de la investigación.
Fuentes de la administración de Murillo Karam indican que el aumento del gasto con cargo a esta partida en Asuntos Internos se debe a la contratación de más personal y al aumento de casos atendidos. Sin embargo, estas fuentes no aportaron documentos que sostengan esa afirmación.
Este caso revela las irregularidades del gasto de seguridad pública y nacional solo en esta dependencia de la PGR durante la gestión de Murillo Karam —quien dejó su cargo tras el caso Ayotzinapa—. Sin embargo, las dependencias del ramo de seguridad gastaron en total más de 52.000 millones de pesos con cargo a esta partida reservada durante el Gobierno de Peña Nieto.
La propia PGR, pero también la Secretaría de Gobernación y en menor medida el Ejército y la Armada, aumentaron sus gastos de seguridad pública y nacional de 2.341 millones de pesos —191 millones de dólares de la época— en 2011, el último año del expresidente Felipe Calderón, a 9.500 millones en 2014, ya con Peña Nieto. En los tres años posteriores el gasto se mantuvo en torno a esa cifra y en 2018, el último año del Gobierno de Peña Nieto, se disparó a 13.000 millones de pesos.
El rastro del dinero
La investigación sobre el uso que Asuntos Internos de la PGR hizo de esta partida sigue el rastro del dinero desde que entra hasta que sale de las cuentas de la unidad, conocida formalmente como Visitaduría General. Fueron 144 millones entre 2013 y 2014 y pueden dividirse en dos rubros según el gasto: transferencias a otras cuentas y retiros en efectivo. Las transferencias a otras cuentas suman algo más de 40 millones de pesos. Son pagos por servicios a empresas registradas y en algunos casos hay facturas. Los investigadores no ven en este caso demasiados problemas.
Destaca por ejemplo el pago de 32 millones a Balam Seguridad, empresa intermediaria a la que la Visitaduría compró un sistema de inteligencia. Balam Seguridad es también la empresa a la que la PGR compró el sistema de espionaje Pegasus. Durante el Gobierno de Peña Nieto, activistas y periodistas acusaron al Ejecutivo de usar el sistema Pegasus para espiarlos. Denunciaron que habían recibido mensajes en sus teléfonos con enlaces falsos que, al pinchar, descargaba el spyware e infectaba el aparato. El Gobierno siempre negó haberlo usado con tal fin, pero la empresa comercializadora ha asegurado desde el principio que sus únicos clientes son Gobiernos.
El resto, 104 millones, fueron retiros en efectivo. Y dentro de los retiros, la investigación diferencia dos “segmentos”. El primero concentra muchas salidas de poco dinero. En total, 181 retiros de 30.000 pesos de media, hasta un total de poco más de seis millones de pesos. Y el segundo, que enlista retiros de mucho dinero en pocos movimientos. Concretamente, 20 retiros por un total de 98 millones de pesos.
Sin dejar de lado los retiros menores —algunos tampoco están justificados—, los investigadores se centran en esos 98 millones y descubren un patrón. El dinero entra habitualmente en paquetes de cinco millones en la cuenta de la Visitaduría General y días más tarde, un funcionario llega con un cheque y los cobra en efectivo. El funcionario en cuestión es Luis Lagarde, entonces director de Recursos Financieros de la Visitaduría. Como su jefe Murillo Karam, Lagarde es también de Hidalgo. Llegó a la PGR de la mano de Murillo Karam en enero de 2013 y salió con él. Tras dejar la PGR en medio del escándalo de Ayotzinapa, Murillo fue nombrado secretario de Desarrollo Agrario. Lagarde lo siguió para ocupar la dirección general de finanzas y administración del Registro Agrario Nacional.
Lagarde cobró en efectivo 98 millones de pesos desde mayo de 2013 a diciembre de 2014, la mayor parte de las veces en paquetes de cinco millones, a veces un poco más, a veces un poco menos. Una fuente conocedora de la situación en la Visitaduría entonces dice que Lagarde cobraba el dinero en un banco que se encontraba dentro del edificio de la PGR en Paseo de la Reforma, en Ciudad de México.
Así ocurrió por ejemplo en mayo de 2013. El día 21, el dinero llegó a la cuenta y al día siguiente, Lagarde llegó con el cheque y lo cobró. Lo mismo pasó en junio. Y en julio. Y en agosto. Así cada vez, con apenas unos días de separación. Solo en una ocasión, el funcionario tardó semanas en retirar el dinero. Fue entre septiembre y octubre de 2014, cuando estalló el escándalo de Ayotzinapa.
Formalmente identificada como Gastos de Seguridad Pública y Nacional, las cuentas públicas de los últimos tres Gobiernos —Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador— reflejan que esta partida empezó a usarse bajo esa denominación en 2011, el penúltimo año de Calderón. Entonces, el Gobierno gastó 2.341 millones de pesos. Más de la mitad acabaron en las arcas de la Policía Federal. Al año siguiente, el último de Calderón, el monto ascendió un 25% y al otro volvió aumentar otro 25%. En 2014, el gasto se disparó hasta los 9.522 millones de pesos y aumentó casi cada año hasta los 13.006 millones de pesos de 2018, el último año de Gobierno de Peña Nieto.
En 2013 y 2014, los años en que la investigación señala el desfalco en la división de Asuntos Internos de la PGR, la agencia investigadora multiplicó por cuatro sus gastos de seguridad pública y nacional. Si en 2012 usó 424 millones de pesos, en 2013 fueron 1.793 y en 2014 algo menos, 1.615. Luego en 2015 volvió a caer a niveles de 2012 y en los años siguientes creció de nuevo, pero sin llegar a las cifras de 2013 y 2014.
En esos dos años, el máximo responsable de la PGR fue Murillo Karam, un político de la vieja escuela del PRI. Murillo hizo carrera en el Estado de Hidalgo. En 1975 alcanzó la presidencia del Comité Directivo Municipal del PRI en el municipio de Tulancingo. Y un año más tarde ya era subprocurador en la fiscalía de Hidalgo. Luego fue secretario de Gobierno y finalmente, en 1993, ganó las elecciones a gobernador. En 1998 dio el salto a la política nacional y ocupó la subsecretaría de seguridad por un par de años. Ha sido diputado y senador varias veces y en diciembre de 2012, Peña Nieto le puso al frente de la PGR.
En México, la imagen de Murillo Karam ha quedado ligada al caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En septiembre de 2014, delincuentes aliados con policías de varios pueblos del Estado de Guerrero atacaron en Iguala a un grupo de estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa. Varios murieron asesinados y 43 desaparecieron. La PGR tomó el caso semanas después y desplegó operativos por varios estados del país para detener a los presuntos autores.
En noviembre de aquel año, Murillo Karam convocó a una conferencia de prensa para presentar el resultado de la investigación, que concluía que los estudiantes desaparecidos habían sido asesinados y quemados. Fue una comparecencia larga, con muchas preguntas y Murillo, al final, pronunció una frase que quedó grabada en la memoria de las familias de los estudiantes: “Ya me cansé”. Era el principio del fin. Las familias se le echaron encima. Peritos independientes pusieron en duda los métodos de la Procuraduría y sus conclusiones. También lo hicieron los expertos reunidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En febrero, Murillo salió de la PGR y Peña Nieto lo nombró secretario de Desarrollo Agrario.
Las fuentes consultadas de la administración de Murillo Karam justifican el aumento del gasto de seguridad pública y nacional de la PGR por la reparación de aeronaves, además de la compra de un avión, el aumento del salario de los policías ministeriales y la puesta en marcha de un centro de capacitación en Querétaro, entre otros gastos. Tampoco en este caso aportaron documentos que sostuvieran lo dicho.
Actas circunstanciadas
Por su naturaleza, los gastos de seguridad pública y nacional se justifican en general de manera interna. Salvo transferencias a empresas por servicios, los funcionarios que acceden a esta partida no necesitan facturas o documentos contables para probar el empleo del dinero. Son fondos para investigaciones, seguimientos, pago a informantes, etcétera. Justificar de manera tradicional su uso podría poner en peligro las investigaciones o incluso a los mismos investigadores.
Cuando no son transferencias bancarias, la justificación interna de los gastos es obligatoria. Durante el Gobierno de Peña Nieto, los responsables de adquirir fondos con cargo a esa partida en la PGR debían armar un documento conocido como acta circunstanciada. Este documento debía integrar los detalles del caso relacionado con esos fondos. Debía referir el número de investigación, el concepto del gasto —pagos a informantes, operaciones encubiertas, etcétera—, la cadena de custodia del dinero, desde la persona que lo pedía, hasta el funcionario que lo recibía y un dossier con los detalles concretos del caso. En la Visitaduría, estos documentos atañen a investigaciones de presuntos delitos cometidos por funcionarios de la agencia.
Los investigadores analizaron 296 documentos de este tipo, que pretenden cubrir 102 millones de los 144 que gastó la visitaduría entre 2013 y 2014. Después de revisarlos, concluyeron que no era posible saber “si los gastos se aplicaron o no en investigaciones de la Visitaduría General”.
En las 296 actas circunstanciadas aparece la firma de la titular de la Visitaduría esos años, Lidia Noguez, además de las rúbricas de dos testigos. Uno era Luis Lagarde, director de Recursos Financieros de la Visitaduría, que cobró en efectivo hasta 98 millones de pesos de la cuenta de la dependencia. El otro es Jaime Luna, coordinador administrativo de la Visitaduria. Como Lagarde, Noguez y Luna son de Hidalgo y llegaron a la PGR cuando lo hizo Murillo Karam. Los dos dejaron la dependencia en 2015, como Murillo, y le siguieron a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Noguez como titular del Registro Agrario Nacional y Luna como coordinador administrativo de la secretaría. Desde mayo de 2017, Noguez es consejera presidenta de la Comisión de Carrera Judicial y Justicia Alternativa de Hidalgo. Noguez, Lagarde y Luna eran además los únicos que tenían firma autorizada en las cuentas de la Visitaduría General.
En entrevista telefónica con EL PAÍS, Noguez argumentó que la Auditoría Superior de la Federación investigó a la visitaduría en 2013 y no le encontró nada. Noguez refirió al informe en cuestión, la “Auditoría de Desempeño: 13-0-17100-07-0056”. En el informe, los auditores no fiscalizan el gasto de la Visitaduría. Mencionan el presupuesto ejercido por la unidad de Asuntos Internos, dicen que es superior al aprobado inicialmente, pero no entran a valorar cómo se ejercieron los recursos. Cuestionada al respecto, Noguez ya no volvió a contestar.
